«El concepto dormitorio es pasado. Ahora tenemos que construir pisos pensando en el teletrabajo»

La secretaria general considera que es ahora cuanto más se necesita este Plan que no va a modificar sustancialmente sus objetivos para garantizar una respuesta a la emergencia habitacional que traerá la crisis sanitaria. En dos meses y medio se han agilizado ayudas ordinarias al alquiler por 18 millones. A ello se suma la convocatoria extraordinaria que comenzó el 8 de julio de ayudas al alquiler para familias afectadas por la crisis del Covid-19. Hay disponibles 30 millones de euros. En julio saldrá una convocatoria de ayudas a personas víctimas de violencia de genero, sin hogar y especialmente vulnerables con un montante de 12 millones en las que colaboran las entidades del «tercer sector», como Cruz Roja o Cáritas, que las canalizarán a las personas a las que procuran alojamientos.

¿Qué diferencia el Plan Vive de otros planes de vivienda que no cumplieron las expectativas para las que estaban hechos?

Lo fundamental es su apuesta por la promoción de nueva vivienda pública a precio asequible para dar respuesta a la demanda de jóvenes que buscan su primera vivienda. Los planes anteriores confiaron en las ayudas al alquiler y a la rehabilitación pero no hubo una acción positiva para la promoción de nueva vivienda.

¿Puede cuantificar las necesidades en materia de vivienda por tipología y demandante?

En Andalucía hay registrados 69.000 demandantes de vivienda, en un 70 por ciento en régimen de alquiler. Hay una estimación de que la demanda real es de 200.000, pero registrados sólo 69.000. En Andalucía en 2019 hubo 100.000 compra ventas de viviendas de las que solo 17.000 eran nuevas.

Hay reserva de suelo en Andalucía para construir 285.000 viviendas ¿Quién va a construirlas?

Dado que en los últimos años no se ha incentivado la promoción de vivienda protegida y que ésta no resultaba atractiva ni para adquirentes ni para promotores porque el precio se acercaba al de la vivienda de renta libre, lo que hacemos es flexibilizar los requisitos, reduciendo los plazos de su régimen jurídico. Va a ser un impulso y dinamización para todos los ayuntamientos y promotores que tienen suelo calificado para vivienda protegida y habrá muchos agentes promotores: los ayuntamientos, las promotoras privadas y fundaciones y organizaciones que pueden promover para colectivos específicos o vulnerables.

Y se va a incentivar la colaboración público-privada...

Absolutamente. El sector inmobiliario salió fortalecido tras la última crisis económica y tenía tendencia a crecer en Andalucía. Para nosotros es un sector fundamental para la reactivación económica en general.

¿Cuánto debe costar una vivienda protegida?

Una vivienda con protección tiene que tener algún tipo de ayuda directa o indirecta. Normalmente el precio tiene que ser menor que la libre pero es complicado cuando depende de factores diversos como el municipio donde se encuentre la vivienda o su ubicación. Se determina mediante un módulo estatal de 760 euros metro cuadrado útil, que a su vez se modifica por coeficientes territoriales y tipo de vivienda.

¿Cómo se pueden rebajar los precios del alquiler?

Tenemos buenas expectativas sobre el programa «construir para alquilar». Acaba de salir la convocatoria de ayudas para construir dos mil viviendas de este tipo que se alquilarán con rentas mensuales de entre 200 y 400 euros. Hay mucha demanda no satisfecha.

La eclosión de los apartamentos turísticos estaba tensionando el mercado inmobiliario antes de la pandemia en los centros urbanos. ¿Cree que se va a mantener esa tendencia?

Andalucía tiene 66.000 viviendas inscritas en el registro de viviendas turísticas y no nos consta especialmente que se hayan dado de baja en registro. Lo que está ocurriendo es que esa vivienda coyunturalmente se está destinando a alquiler habitual o por periodos amplios. Eso no va a modificar la oferta estructural de vivienda en alquiler y no va a ser una oferta destinada a atemperar la demanda que existe actualmente de vivienda en alquiler. Lógicamente los precios están moderándose pero el sector en este momento no ha acusado una caída de precio.

¿Ni la pandemia podrá rebajar el precio de la vivienda?

Algo va a moderarse pero no parece que haya indicios de que va a cambiar sustancialmente. Afectará más a la segunda mano pero el sector confirma que tras la parálisis del confinamiento no prevé caída de precios.

¿Qué cambia en cuanto a calidad y tipología de la vivienda protegida para adaptarla a las nuevas demandas?

La única protección con las de renta libre debe estar en el precio y no en su diseño y calidad. Anulamos condicionantes de diseño que se arrastraban desde el año 78, las de las clásicas VPO. Hoy en Andalucía una vivienda protegida tiene las mismas características de diseño que una vivienda libre. Se ha abierto un debate en torno al futuro diseño de las viviendas a raíz de cómo hemos vividos confinados en nuestros hogares durante la pandemia. Lógicamente tenemos que avanzar hacia viviendas que den respuesta a asuntos como el teletrabajo, a los distintos tipos de familia, ya no hay que establecer clasificaciones por dormitorios que son propias del pasado. Con la orden de simplificación y diseño de la vivienda protegida damos la posibilidad de que un loft pueda ser una vivienda protegida.

El plan se diseñó antes de la pandemia ¿habrá que redimensionarlo o modificar sus objetivos para adaptarlo a la nueva situación?

Pensamos que este plan a raíz de la pandemia es más necesario que nunca. El sector se encuentra sólido y no hemos rectificado en gran medida los objetivos.

¿Volverán los desahucios y serán otra vez ariete contra el Gobierno de la Junta de Andalucía?

Creo que la medida más social que ha tomado un Gobierno en España la realizó el Gobierno del PP al paralizar los desahucios de los colectivos más vulnerables en 2012. Desde entonces los desahucios por ejecución hipotecaria han caído en un 30 por ciento y hoy lo que nos tiene que preocupar son los desahucios de viviendas en alquiler que han pasado a ocupar el 50 por ciento de los desahucios y por eso estamos trabajando para que en ningún momento a una persona afectada por un desahucio de este tipo le falte una vía alternativa habitacional bien mediante ayuda al alquiler o mediante al acceso a una vivienda del parque público. Es un objetivo prioritario.

Hay barrios completos de viviendas públicas que ya no resisten el calificativo de vivienda digna. ¿Cómo aborda el Plan Vive este problema?

El Gobierno anterior estableció una estrategia de áreas conjuntas de rehabilitación integral y de cohesión social que hemos mantenido para delimitar 123 áreas de actuación. Ya hemos puesto en marcha las áreas de rehabilitación residencial de la iniciativa territorial de Cádiz. Estas rehabilitaciones van acompañadas de rehabilitaciones de cascos urbanos.

Entre los cambios sociales que va a provocar la pandemia se vislumbra un nuevo éxodo hacia las zonas rurales. ¿El Plan Vive puede ayudar a consolidar esa tendencia?

Pues sí. Ha sido un plan en el que hemos tenido muy en cuenta el reto demográfico y esa apuesta por la permanencia en el territorio y por el desarrollo en los pequeños municipios. Además de las nuevas construcciones para alquiler hay programas específicos dirigidos a zonas rurales como son los de autoconstrucción y autopromoción que permiten que los Ayuntamientos puedan ceder suelo público municipal a familias que quieran construirse una vivienda. También tenemos programas dirigidos a los ayuntamientos más pequeños para que puedan urbanizar un suelo y cederlo a una cooperativa de viviendas. Creo que hay muchos recursos y hay que difundirlos y que esa potencialidad del plan se va a ir viendo poco a poco en el ámbito rural.