Arranca el juicio contra Chaves y Griñán por el caso ERE con la acusación de Anticorrupción

La lectura del escrito de 44 páginas es escuchada con atención por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán , junto a los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías , Magdalena Álvarez y Francisco Vallejo, que están sentados en la primera fila. Sólo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández se encuentra sentado en la segunda fila.

El Ministerio Público, que cifra el fraude en 741,6 millones de euros, solicita 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por prevaricación.

En el escrito de acusación, la Fiscalía expone que la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de las ayudas para empresas en crisis ( 855 millones de euros entre 2000 y 2011 ) dejaron «en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno».

Desde el año 2000, señala, la Intervención puso reparos a la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta y cuestionó su pago. Para evitar esa labor fiscalizadora, que «entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas», los acusados no dudaron en modificar los presupuestos de la Junta y utilizaron una herramienta, las transferencias de financiación, que «permitía de manera consciente que los fondos públicos» para las ayudas sociolaborales «se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa», según la Fiscalía.

Los acusados «buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento» , sostiene Anticorrupción.

Como consecuencia, se privó «a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso» a las ayudas «por falta de publicidad», y se facilitó «que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran» a ellas. En total más de 120.000 trabajadores estuvieron afectados por ERE entre 2000 y 2011, de los que cerca de 6.000 pudieron acogerse a ayudas.

La Fiscalía argumenta que la gestión de este dinero público «era conocida por el resto de los encausados» por los informes de la Intervención desde el año 2002, «muy especialmente en el llamado «informe adicional» del ejercicio 2003 notificado en 2005».