Caso ERE en Andalucía: Comienza el macro juicio

Ni en la peor de sus pesadillas los encausados habrían imaginado que un sistema «ilícito» de ayudas para financiar ERE en empresas en crisis iba a conducirlos ante un tribunal . La investigación comenzó con una conversación grabada el 26 de enero de 2009 y publicada por ABC en la que dos exdirectivos de Mercasevilla exigían comisiones a dos empresarios a cambio de subvenciones autonómicas. En un contexto de larga impunidad, los acusados pensaron que les bastaba con endosar las culpas a «cuatro golfos» para minimizar el fraude y apuntar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien permitieron conceder de forma caprichosa las subvenciones durante ocho años pese a carecer de competencia para ello. Éstas son las claves del caso que va a sentar a todos ellos en el banquillo:

Hoy empieza la vista oral de la primera de las piezas separadas de la macrocausa troncal de los ERE que va a juicio. Se dirige contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el denominado procedimiento específico de financiación y reparto de 854,84 millones de euros. La sentencia que se dicte marcará el devenir del resto de piezas de la causa, centradas en más de 200 empresas que recibieron ayudas con cargo a la famosa partida 31L. Guerrero la catalogó como «un fondo de reptiles» para «criaturas necesitadas» a las que había que ayudar, aunque luego se retractó.

El tribunal deberá determinar si la cúpula autonómica delinquió por la instauración y mantenimiento de «un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y todo ello durante un periodo de más de diez años», según detalló el juez Álvaro Martín en el auto con el que cerró la investigación el 31 de mayo de 2016.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de prevaricación, que no implica penas de cárcel en el Código Penal. El juez asegura que todos «conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando». Ni éste ni el instructor del Tribunal Supremo creyeron la versión de Chaves y Griñán, cuya defensa cuando declararon como aforados consistió en negarlo todo, amparados en el desconocimiento. La teoría de los jueces, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP y Manos Limpias, es que desde de las más altas instancias del Gobierno andaluz implantaron, mantuvieron e impulsaron entre los años 2000 y 2011 un método de gastar los fondos públicos «de manera arbitraria y discrecional» que desactivó los mecanismos de control de los interventores con el pretexto de agilizar las ayudas. Además, fue alimentado año tras año mediante 22 «modificaciones ilegales de partidas presupuestarias» sin límite alguno. Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez junto a cuatro acusados más tendrán que defenderse de este delito.

Griñán, los otros cuatro consejeros y el resto de excargos (15 en total) se enfrentan a otro delito continuado de malversación de caudales públicos, que conlleva penas de cárcel. El juez cree inverosímil que desconocieran los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que el director de Trabajo estaba dando ayudas sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y los fines propios de las subvenciones. Sin embargo, no movieron un dedo para evitarlo. No se les acusa de llevarse dinero público, sino de permitir que otros se lucraran a costa del presupuesto público: los denominados intrusos —personas incluidas en ERE de empresas que nunca habían pisado—, consultoras y aseguradoras que cobraron elevadas comisiones, sindicatos, abogados e intermediarios como el exdirigente de UGT Juan Lanzas, cuya madre dejó una frase lapidaria en el sumario de los ERE: «Mi hijo tiene dinero pa’asar una vaca».

El PP ha atribuido otro delito: el de asociación ilícita . La idea de una trama organizada se apunta en el auto de procedimiento abreviado.

Ante el cierre de numerosas empresas a finales de los noventa que dejó en la calle a miles de andaluces, el Ejecutivo diseñó un sistema que permitía resolver rápido, a costa del presupuesto, los conflictos laborales. Se decidió enviar el dinero a un órgano externo de la Junta, la agencia IFA o IDEA, que pagaba las ayudas que otro departamento, la Consejería de Empleo, aprobaba . Este artificio hizo desaparecer los controles. El deterioro de los expedientes fue inmediato. Las empresas subvencionadas comenzaron a seleccionarse de forma caprichosa, con un interés electoral o por razones de amistad.