La Cámara de Cuentas borró de su informe que Griñán pudo frenar las ayudas irregulares a ERE

El artículo expurgado señalaba que «los gastos por subvenciones han sido tramitados y fiscalizados presupuestariamente como transferencias de financiación [irregularmente] durante todo el período 2001/2010, sin que por la Consejería de Empleo, por la Consejería de Hacienda [que ocupó Griñán entre 2004 y 2009] ni por la Intervencion General de la Junta de Andalucía , se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financiero permanente realizados al IFA /IDEA —la agencia que pagaba las ayudas—».

Uno de los auditores que participaron en el análisis de la Cámara de Cuentas, Santos Rodríguez, ratificó este martes en el juicio de la denominada pieza política el contenido del citado artículo incluido en el anteproyecto del informe, pero que finalmente desapareció en el texto definitivo que aprobó el Pleno de la Cámara de Cuentas , donde tenían mayoría los consejeros propuestos por el Grupo Socialista.

Luis García Navarro, abogado del PP andaluz —acusación popular en la causa de los ERE—, le preguntó a este testigo si suscribía el párrafo. El funcionario lo ratificó.

El letrado volvió a interpelarle sobre este asunto para que fuera más explícito sobre la responsabilidad del consejero de Hacienda argumentando que « en el informe definitivo ha desaparecido ese párrafo ». Sin embargo, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, rechazó la pregunta asegurando que «ha respondido ya».

Poco después, el letrado del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román le preguntó si, «en caso de divergencia» prevalece el informe definitivo de fiscalización sobre el anteproyecto. El funcionario dijo que es el primero el que tiene prioridad.

Santos Rodríguez rebatió en el juicio uno de los principales argumentos de defensa de algunos de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos . A preguntas del fiscal, descartó que las ayudas autonómicas se concedieran bajo el paraguas legal de la orden estatal de abril de 1995 sobre ayudas excepcionales para trabajadores afectados por crisis empresariales.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla trata de determinar si la Junta de Andalucía utilizó un procedimiento delictivo para repartir y pagar ayudas que daba la Consejería de Empleo aunque la agencia IFA/IDEA era la encargada de abonarlas. El dinero se enviaba a través de transferencias de financiación. En este juicio están siendo juzgados, entre otros, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El auditor argumentó que la Junta lo que hacía era «subrogarse» a acuerdos «privados» de las empresas con los sindicatos para financiar las prejubilaciones y que las ayudas carecían de una regulación específica.