La auditora de la Cámara de Cuentas que fiscalizó las ayudas a ERE: «Estábamos alucinados con todo»

Mendoza ha defendido que hubo «riesgo de menoscabo de fondos públicos» en las ayudas en sus respuestas a las preguntas de los abogados de los acusados por supuestos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por crear y mantener un procedimiento específico que repartió 855 millones de euros en ayudas de forma arbitraria y a espaldas de la Intervención de la Junta de Andalucía, según la Fiscalía Anticorrupción.

Manuel Salinero, abogado de la ex secretaria general de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, ha preguntado a la funcionaria si no le había producido «extrañeza» al equipo de fiscalización del órgano de control externo la imputación de su defendida en esta causa. La respuesta fue que «nosotros estábamos alucinados con todo» .

Después de estallar el caso y a raíz de la tormenta política desatada al descubrirse que estaban cobrando ayudas intrusos o personas ajenas a los ERE de empresas financiados por la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, encargó en 2011 a la Cámara de Cuentas una revisión de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo desde 2001 y 2011 y según Mendoza analizaron una muestra de 102 expedientes que envió la Consejería de Empleo en los que sólo en seis había solicitud, en 46 había algún tipo de protocolo o acuerdo para la concesión y en 40 no existía ningún documento, según testificó el pasado lunes.

La auditora, que habló en la sesión anterior del juicio de que había una «anarquía» en la gestión de las ayudas, ha insistido este martes en que « en los expedientes no había documentación » y tampoco, justificación ni seguimiento de los fondos públicos. «No había nada en los expedientes que nos hiciera saber que se estaba aplicando el fin para el que se estaban concediendo» las ayudas, ha señalado a preguntas del abogado del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

Durante el interrogatorio de José Ávila, letrado de este acusado, Nuria Mendoza ha asegurado que, en su opinión, atendiendo al análisis de la gestión de las ayudas durante diez años, « observamos claramente riesgo de menoscabo de fondos públicos y por eso se pidió informe al Gabinete Jurídico y se elevó al Tribunal de Cuentas, que es el único que tiene la jurisdicción para determinar si hubo o no menoscabo de fondos».

La auditora de la Cámara de Cuentas salvaguardó el papel de los interventores que fiscalizaron el sistema de financiación de los ERE y justificó que no realizaran un informe de actuación al entender que no detectaron menoscabo de fondos en ese momento. Además, ha afirmado que « se seguían produciendo las irregularidades » cuando la Intervención General de la Junta realizó el informe adicional en el año 2005 que alertó a la Consejería de Empleo de que se estaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.

Mendoza ha argumentado que el gasto debería haberse clasificado como subvenciones en lugar de hacerlo como transferencias de financiación, ya que éstas sólo se pueden destinar «a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ente instrumental» que pagaba las ayudas, en este caso la agencia IFA/IDEA.