La acusación popular carga contra los ex altos cargos socialistas en el Supremo: «La culpa siempre era de otro»

Durante la vista pública celebrada este jueves en el Supremo para analizar los recursos interpuestos por los condenados contra dicha resolución, el letrado en representación del PP andaluz, Luis García Navarro , ha reprochado a los abogados defensores de los acusados que su «gran argumento defensivo» sea que « la culpa siempre era del otro ». Frente a esta teoría, ha advertido de que la sentencia, documentos y testimonios aportados en el juicio «demuestran que sólo con el concurso de todos se pudo producir ese 'gran fraude' , como lo calificó a la salida del Tribunal Supremo», cuando estuvo declarando como investigado por prevaricación en el año 2015.

Para reforzar este argumento, García Navarro ha recordado que Rocío Marcos Ortiz, interventora general de la Junta entre abril de 2010 y mayo de 2012, con 33 años de experiencia en la gestión del gasto público en la Administración, declaró en el juicio de la pieza política del caso ERE que se dieron 800 millones sin control alguno . La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo concede las ayudas pero las paga un ente instrumental, IFA/IDEA, al que manda el dinero mediante la figura de las transferencias de financiación, que no es «ilegal», pero en este caso se utilizó «indebidamente».

El «efecto» que esta decisión tuvo fue que se creó « una especie de ángulo muerto» en el control , según manifestó Marcos, que llegó a ser jefa de Gabinete de la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez entre 1994 y 1995. Por tanto, el letrado del PP rebate a los acusados y asegura que «se ideó, creó y se puso en marcha un 'fondo de reptiles' con el concurso de todos los condenados». Fue así como lo calificó el ya fallecido exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , en sus declaraciones ante la Policía, pero luego se retractó de lo dicho en el juicio.

En su intervención, Luis García Navarro quiso desmontar algunos «mantras» utilizados por las defensas en la vista para esquivar toda responsabilidad en la actuación de sus patrocinados. En este sentido, el abogado del PP indicó que el sistema de presupuestación de las ayudas , mediante las llamadas transferencias de financiación y las memorias de las leyes de presupuestos «no tienen valor de ley» porque no se publican en los boletines oficiales. Los acusados aseguraron que el programa de ayudas era legal puesto que aparecían en las leyes de presupuestos que aprobaba cada año la Junta de Andalucía.

Esas transferencias de financiación no venían reguladas en las citadas leyes, puntualiza el letrado. Además, sostiene que « se falsificó el presupuesto para cubrir gastos ficticios en el presupuesto de explotación» de la agencia IDEA que se utilizó como intermediaria en el pago de ayudas que Empleo concedía para evitar el control y la fiscalización de las mismas.

Por otro lado, García Navarro quiso « desmentir otro mantra » y es que aún se siguen pagando ayudas sociolaborales otorgadas con cargo al antiguo sistema que el tribunal de la Audiencia declaró ilegal y opaco. En este sentido, la acusación popular ha detallado que se aprobó un decreto en 2012 en el Parlamento para refinanciar ayudas pero « se tuvo que cambiar la naturaleza jurídica» de las mismas para revistieran un carácter legal. Para ello se revisaron los expedientes que existían. De hecho, se excluyeron de las mismas a los intrusos (incluidos como beneficiarios en ERE de empresas que ni habían pisado en su vida), así como «las rentas vitalicias y hereditarias». También fueron expurgadas ayudas de prejubilación que cobraban personas que estaban ya trabajando y las que tenían prestaciones por incapacidad permanente».