«Me avergüenza ser andaluz si la Junta necesita 8.500 euros de un parado sin ingresos por heredar una VPO»

Juan Miguel Ramos García, el heredero en paro de La Línea de la Concepción (Cádiz) al que la Consejería de Hacienda ha embargado su cuenta corriente (le dejó dos euros de saldo) por el impago del impuesto de sucesiones , se siente desengañado y avergonzado con el Gobierno andaluz. Y con estas mismas palabras se lo comunicó al secretario general de la Presidencia, Máximo Díaz-Cano.

Fue el colofón a un intercambio epistolar que este vecino mantuvo con la Presidencia de la Junta de Andalucía. Todo comenzó con un escrito que Ramos García remitió el 12 de diciembre de 2015 a la presidenta andaluza , Susana Díaz, en el que le exponía su desesperada situación como desempleado sin prestación y le pedía que rectificara la elevada valoración de la vivienda protegida en localidad gaditana que su «madre» adoptiva de hecho —pero no derecho— le había dejado al morir en enero de 2014. Su padre biológico falleció de un infarto en 1984 sin haber promovido la adopción de sus dos hijos por parte de su cónyuge.

« Apelo directamente a su sentido común y a la presumible equidad de la Administración que usted preside, además de a su ideario socialista, para que se resuelva justamente mi caso y que, por ende, estime reformar la legislación competencia de la Junta», emplazó a Díaz.

En su primera misiva cuenta que en julio de 2015 realizó la autoliquidación del impuesto como «hijo asimilado» de Ana Piña . «Se me declaró exento de pago al pertenecer al Grupo II de deducciones por parentesco». Meses después, «se me denegó tal condición».

Como consecuencia, la Junta añadió 2.000 euros de multa a los 6.500 euros que le reclamaba en concepto de impuesto de sucesiones por heredar una antigua vivienda de protección oficial de más de 50 años y de 62 metros cuadrados, situada en San Bernardo, uno de los barrios más humildes de La Línea. La oficina liquidadora de la Agencia Tributaria de Andalucía valoró el piso en 45.000 euros.

El Gobierno andaluz se dio prisa en contestarle.Pero en su respuesta «modelo» no halló ningún consuelo. «Como comprenderá Sr. Ramos, que es una premisa clara e ineludible y que a todos nos corresponde, el cumplimiento de la Ley en cuanto a pagos impositivos que debe realizar», replicó Díaz-Cano, quien dedicó tres parrafos a indicarle que el tributo grava el incremento patrimonial y a ilustrarle sobre las reducciones de Andalucía.

Desde la Consejería de Hacienda aseguraron ayer ABC que «si legalmente no es su madre adoptiva esta persona no puede beneficiarse de la bonificación para parientes directos », viva en la comunidad donde viva. «Si los funcionarios de la Administración tributaria no aplican la ley, estarían cometiendo un delito y perjudicando a aquellos que sí pagan sus impuestos», apostillaron.

Juan Miguel Ramos, quien asegura que para hacer la autoliquidación del impuesto siguió las indicaciones de la web de la Agencia Tributaria de Andalucía, se mostró contrariado por la decisión de la Junta de Andalucía de no aceptar su condición de hijo asimilado.

«No me reconocieron como tal a pesar de presenté libro de familia, certificado de empadronamiento familiar, convivencia, subsidio de la Seguridad Social, cartilla del INSS, solicitud de pensión de orfandad y declaración de IRPF desde 1978. Y seguro que algo se me olvida», explica a ABC. « Cuando murió mi padre no le pidieron ninguna explicación a mi madre Ana sobre nuestra custodia . Y no sería porque ella siempre las daba. Era la persona más legal que he conocido», lamenta.

«Supongo que la frase (bofetada verbal, diría yo) que me dedica es fácil de regurgitar desde un despacho oficial», le responde Ramos en otra carta. «Parafraseando una vez más su credo fiscal, para mí y para quienes están en situaciones similares a la mía, sobrevivir sí es un deber ineludible », concluye.