Una familia reclama a la Junta los 62.000 euros que se ahorraría en Madrid por el impuesto de sucesiones

En la Comunidad de Madrid, la factura habría sido simbólica: 617,19 euros. Cien veces menos por aceptar una herencia similar : una casa, un local de 60 metros para oficinas y ahorros en metálico y acciones. La oficina liquidadora de la Junta de Andalucía valoró todo en 485.510,98 euros.

Indalecio y su madre no se han quedado de brazos cruzados por lo que consideran una «grave desigualdad» . Tras liquidar el impuesto en la cantidad requerida por la Junta, han presentado una reclamación ante la Agencia Tributaria de Andalucía solicitando la devolución de «los ingresos indebidos».

En el escrito que registraron el 22 de mayo ante este órgano dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al que ha tenido acceso ABC, estos contribuyentes le piden que rectifique la autoliquidación porque la norma andaluza «establece una discriminación contraria a la Constitución Española y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

La reclamación va acompañada de la autoliquidación equivalente que habrían presentado ante la oficina liquidadora de Madrid , conforme al modelo 650 que aparece en el Portal del Contribuyente de esta comunidad.

«El ciudadano Indalecio R., que ha pagado 63.230,44 euros a la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía no tiene los mismos derechos ni obligaciones que el ciudadano Indalecio R., que por lo mismo tributa en la Comunidad de Madrid 617,19 euros . Y su pecado, su único pecado, es que su difunto padre residía en Andalucía», explica el escrito elaborado por el abogado sevillano Armando Rozados.

Estos contribuyentes abren una vía de reclamación, con pocos precedentes, contra uno de los tributos que registra mayores diferencias entre autonomías y que más rechazo social suscita. Prueba de ello es que recientemente ha nacido una plataforma que propugna su supresión llamada Stop Impuesto de Sucesiones que ya ha recogido más de 100.000 firmas.

Es sólo el comienzo de una carrera judicial de fondo. «Si la Junta rechaza la rectificación, iremos al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara) y, después, al Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que puede optar entre elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o dictaminar», asegura Armando Rozados.

La regulación andaluza, a diferencia de la norma madrileña —que aplica más bonificaciones—, «genera tal desigualdad de trato entre españoles sólo en función del lugar de residencia del causante al fallecer» que es «u na norma nula y contraria a Derecho , y debe tenerse por no puesta». Y añade: «no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente en esta comunidad autónoma y la de un residente en otra comunidad autonóma española (como, por ejemplo, Madrid o Canarias) que pueda sustentar la validez de esta diferencia de trato».

En el escrito presentado ante Hacienda consideran conculcados hasta seis artículos de la Constitución Españolas. Que van desde el que establece que «todos los españoles son iguales ante la ley» hasta « la protección social, económica y jurídica de la familia », sin olvidar «el derecho a la propiedad privada y a la herencia» o la libre elección de residencia. «¿Qué derecho a la libre elección de residencia hay cuando ya hemos visto cómo se penaliza residir o trabajar en Andalucía?», inquiere el documento.