La Audiencia enmienda a la juez Núñez por archivar ayudas al exnúmero dos del PSOE-A sin investigarlas

En un auto del 29 de diciembre pasado, la sala da la razón parcialmente a la acusación popular ejercida por el PP andaluz que recurrió el sobreseimiento libre dictado por la instructora en esta rama de la macrocausa de Formación bajo el argumento de que ninguna de las cuatro subvenciones alcanzaba los 120.000 euros , el umbral a partir del cual está penalizado el fraude en subvenciones.

El tribunal que ha resuelto el recurso reprocha a la juez que acordara el archivo libre «contraviniendo lo ordenado» por esta misma sala , sin mediar una investigación y «sin disponer de toda la información que sería necesaria para respaldar las genéricas afirmaciones de la instructora en el sentido de descartar la trascendencia penal de las irregularidades cometidas en los mencionados expedientes».

En el auto, la Sección Primera lamenta que la magistrada «no desciende en su resolución a un análisis detallado y separado, en cada uno de los expedientes de esas irregularidades de las que habla» y se limita a hacer «referencias muy imprecisas extractadas de los informes emitidos por el director general de Formación», Manuel Jesús García Martín . Tampoco «analiza la conducta de las personas que pudieran estar concernidas por la investigación», pese a los «interrogantes» que la Audiencia planteó en un anterior auto sobre los altos cargos y funcionarios de la Junta que participaron en la concesión de las ayudas.

Excluido el supuesto fraude en subvenciones, « la investigación procesal no ha sido agotada para descartar que en esos cuatro expedientes pudieran aflorar otras conductas delictivas», que podrían ser, apunta la sala, «delitos de prevaricación, falsedad en documento público y, en su caso, malversación, protagonizados por los cargos y funcionarios públicos con la cooperación de los particulares beneficiarios».

El tribunal revoca su sobreseimiento libre porque lo adoptó «sin recabar los informes del equipo de auxilio juidicial previo estudio de los expedientes» correspondientes a ayudas concedidas entre 2006 y 2008. La propia Audiencia ordenó que se completara la información con estas pesquisas en un auto del 14 de julio pasado, que fue desoído. Por tanto la resolución «no es aceptable», concluye. Y ordena que el juzgado llame a los investigados en esta causa, «lo cual se ha omitido».

Hasta que no sean citados como tales, no empieza a correr el tiempo de la Justicia para perseguir estos delitos . Se han perdido ya casi dos años y medio de investigación y los hechos corren el riesgo de prescribir, dado que las primeras ayudas se remontan a 2006.

La sala, en cambio, sí confirma otras de las decisiones adoptadas por Núñez: la inhibición en favor del juzgado decano de Córdoba respecto a los expedientes identificados con el dígito 14, que corresponden a ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo de dicha provincia.

Entre 2006 y 2009, cuando Rafael Velasco despuntaba como el dirigente del PSOE andaluz con más proyección de futuro de la mano de su mentor, José Antonio Griñán , la academia que regentaba su mujer, Aulacen Cinco S.L. hacía negocio con la industria más boyante de Andalucía: el paro.

La empresa recibió unos 730.000 euros repartidos entre una quincena de subvenciones de la Junta para cursos para formar a desempleados durante cuatro años. El escándalo acabó en octubre de 2010 con la fulgurante carrera del joven vicesecretario general del partido, lugar que luego ocuparía Susana Díaz.