El juzgado de los ERE notifica con un año de retraso un archivo de la juez Núñez Bolaños por prescripción

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dio carpetazo el 28 de septiembre de 2018 a las diligencias previas en las que investigaba la ayuda excepcional de 120.000 euros concedida a la empresa Open Minds S.L. con cargo al fondo de los ERE. Pero es ahora, con la juez instructora de baja médica desde hace 50 días, cuando los abogados de las defensas y acusaciones del caso se han enterado del archivo a través de una diligencia de ordenación firmada el pasado lunes por Teresa León Leal, la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) del juzgado. Mediante este escrito, al que ha tenido acceso ABC, León Leal da traslado a las partes del auto de prescripción de Núñez y les comunica que tienen tres días para poner un recurso de reposición.

Esta funcionaria, que pertenece al círculo de confianza de la magistrada, argumenta que no consta que el referido auto hubiera sido notificado en tiempo y forma a través del LexNet , el sistema informático con el que se comunica el juzgado con abogados, fiscales y procuradores para hacerle llegar sus resoluciones, sentencias, diligencias y demás documentación. De ahí que lo haga esta semana.

El intempestivo auto llega al conocimiento de las partes en plena inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una delegación integrada por dos jueces y dos letrados de la Administración de Justicia está analizando desde el pasado martes y durante esta semana la actuación de la juez Bolaños.

Sus pesquisas forman parte de las diligencias informativas abiertas contra la magistrada tras la denuncia presentada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón , en la que advertía «abrumadoras muestras de conductas irregulares» en las instrucciones de los ERE, Avales y Agencia IDEA, que han supuesto «un cuantioso desvío de fondos públicos» durante la etapa de los gobiernos socialistas en Andalucía. En el informe que elevarán al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que puede imponerle una multa de 501 euros o llegar apartarla de la carrera judicial, los inspectores analizan por qué, después de cuatro años de instrucción, Núñez Bolaños ha concluido sólo el 2,7 por ciento de las 182 piezas del caso ERE .

En el auto notificado a las partes, la titular del juzgado declaraba prescritos los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y daba por archivada la pieza de Open Minds días después de abrirla. El atestado de la Guardia Civil sobre Open Minds llevaba tres años y medio en el juzgado, desde el 16 de abril de 2015.

La Junta concedió la ayuda de 120.000 euros a Opens Minds en 2003. Para sobreseer la pieza, la juez apela a la doctrina de la Audiencia Provincial de Sevilla, que determinó que los delitos estarían prescritos para los empresarios que recibieron una ayuda inferior a 450.000 euros con cargo al fondo de los ERE y que fueron imputados más de diez años después de la fecha del último pago. Ello, con independencia de que el procedimiento con el que se repartieron las ayudas fuera igual de ilícito que el del resto de subvenciones.