Demandan a la agencia Extenda para que los haga fijos por cesión ilegal de trabajadores

Ocho de los demandantes fueron contratados «formalmente» por la empresa privada Organización y Guarda de Archivos S.A ., al amparo de unas subcontrataciones para llevar a cabo la gestión documental de la agencia. Sin embargo, según expone el abogado que los representa, Armando Rozados , el objeto de sus contratos «nunca ha respondido a la realidad, ya que su verdadero empleador es Extenda, única beneficiaria de los frutos de su trabajo», por ello pide que los despidos se declaren nulos.

En la demanda, exponen que esta situación fraudulenta encubre unas condiciones laborales precarias , puesto que cobraban menos que sus antiguos compañeros . Reclaman, además, ser readmitidos como laborales fijos en la agencia pública.

Desde la dirección de Extenda las cosas se ven de una forma muy distinta. Fuentes internas de la agencia defienden los ceses y aseguran que han aprovisionado unos fondos de 700.000 euros en sus cuentas para costear las indemnizaciones derivadas de las reclamaciones judiciales. «En la Junta de Andalucía se ha acabado la puerta de atrás», exponen.

Desde Extenda argumentan que se procedió «a la externalización lícita de determinados servicios administrativos, que por su objeto no guardan relación con la actividad principal de la empresa». Dichos servicios ya han finalizado y se da por extinguido el contrato . En cualquier caso, añaden desde la agencia, se trata de una cuestión sometida a control judicial en estos momentos y, por tanto, «no podemos sino estar a lo que se dicte por parte de los órganos judiciales, que son los competentes para determinar la naturaleza de la labor que desempeñaban estas personas que, como Extenda defiende, era la prestación de un servicio externo de carácter administrativo».

En el SAS, han salido a la luz al menos cien trabajadores ficticios o «fantasma» que estaban contratados por una entidad cuando su verdadero «patrón» era la agencia sanitaria . De estos empleados, más de cuarenta eran psicólogos y administrativos que suscribieron un contrato temporal con la Fundación Progreso y Salud entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007 para la realización de la obra o servicio «Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación para el Plan Integral de Tabaquismo».