La Junta de Andalucía tiene 1.330 empleados más que hace un año en su «administración paralela»

El informe expone que los datos de los órganos de gobierno y del personal con máxima responsabilidad ejecutiva están actualizados a septiembre de 2019, el de personal de equipos directivos a julio de 2019, y el resto de personal de la entidades instrumentales, a enero de 2019.

La ventana indiscreta que muestra este dato, hasta no hace mucho uno de los secretos mejor guardados en la Junta, es un apartado del documento dedicado a analizar el personal de los entes instrumentales .

Precisamente, el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos se ha comprometido con el grupo de Vox a contratar auditorías externas de todos los entes, con el objetivo de tener una radiografía fidedigna del número de trabajadores, categorías, sueldos y tareas que desempeñan. Para el partido de Alejandro Hernández (Vox), es una «línea roja» infranqueable para apoyar las cuentas de 2020 y se plasmará por escrito en los próximos días. Está por ver cómo afectará el resultado de las auditorías a los 25.930 trabajadores de la tupida red de empresas públicas.

El Gobierno ha descartado despidos «ideológicos» y mucho menos masivos. El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP) aclaró este lunes en Canal Sur Radio que no han planteado «reducir» el personal, «sino que lo que queremos es ordenar» y que «no vuelva a entrar nadie por la puerta de atrás».

El número de efectivos ha crecido un 5,4%, mucho más que el personal que trabaja en la Junta pura y dura, Administración general, en la jerga autonómica. Si en 2018 había 21.455 funcionarios, un año después son 21.592, sólo 137 más. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye desde vigilantes de museos, ayudantes de biblioteca, conductores, informáticos, ingenieros, cuidadores de mayores o administrativos, excluyendo los cuerpos de Educación, Sanidad y Justicia.

La Junta y su «administración paralela» da empleo directo a más de 276.000 personas, lo que la convierte en la «mayor empresa» de Andalucía . En los últimos años, su dimensión no ha dejado de crecer, fruto de procesos selectivos, a menudo opacos y cuestionados por la Cámara de Cuentas en sus informes, que han convertido algunos de estos entes en verdaderas agencias para colocar a afines y «enchufados».

El caso más paradigmático es el de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo , más conocida como Faffe. Creada en 2003 para formar a desempleados de Andalucía, sirvió hasta su disolución en 2011 como un «organismo paralelo» de la Consejería de Empleo del que se valía para contratar sin norma y emplear a dos centenares de excargos, familiares y conocidos del PSOE y los sindicatos, según un informe de la Guardia Civil. Todos ellos acabaron siendo absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo.

El presupuesto de explotación y capital de las entidades instrumentales de 2020 reserva 1.117,67 millones de euros para su capítulo de personal . Prevé gastar 44 millones más que hace un año. El Informe Económico Financiero de las cuentas destaca que este capítulo crecerá un 2,94%, «debido principalmente a que las entidades del sector sanitario y de servicios sociales y dependencia alcanzan un crecimiento del 4,32%». Lo justifica por la prestación de nuevos servicios y mayor dinero para investigación. No obstante, la Junta prevé reducir la plantilla en estos entes el próximo año.