La Junta aumentó en 3.000 los empleados en su «administración paralela» mientras reducía funcionarios

En el mismo periodo, los funcionarios y laborales que realizan trabajos administrativos dentro de la Junta de Andalucía no han dejado de descender, debido a la congelación de ofertas de empleo público y las limitaciones en la tasa de reposición —el número de contrataciones públicas por cada baja— para servicios esenciales que el Estado impuso durante la crisis.

El proyecto de presupuestos revela que la plantilla de la Administración General cuenta con 45.458 efectivos . Son 1.599 menos que a finales de 2015. Se han perdido un 3,4 por ciento de las plazas ocupadas en la Administración, mientras el personal a sueldo de la «red paralela» crecía un 13 por ciento.

El proyecto de ley de presupuestos para 2019 aprobado por el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos pone números al personal de las entidades instrumentales. Actualmente, tiene a sueldo a 26.045 personas frente a los 23.052 que componían la plantilla media a fecha de 31 de diciembre de 2015, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de dicho ejercicio.

Por primera vez, el plan presupuestario incluye un anexo que desglosa el personal al servicio de los distintos entes: 16.499 trabajadores pertenecen a las agencias públicas empresariales, 5.307 a sociedades mercantiles, 4.100 a fundaciones y 139 a consorcios. De los 3.036,5 millones de euros que la Junta inyectará a estas entidades durante 2019, mediante transferencias y subvenciones para mantener su funcionamiento, un tercio (1.073,69 millones) se emplea en gastos de personal, principalmente el pago de sueldos.

Los 26.045 trabajadores del sector público andaluz se suman a las 250.058 personas que emplea la Junta de Andalucía, entre funcionarios y laborales de las Consejerías, profesores, profesionales sanitarios y personal de las distintas sedes judiciales. Otros 434 puestos se reparten entre altos cargos (218) y asesores (216), según el plan presupuestario. En total, la Junta da trabajo directo a 276.103 personas. La Administración autonómica es la mayor empresa de Andalucía , que emplea por sí sola al 9 por ciento de la población ocupada en la comunidad.

La falta de convocatorias públicas en los entes instrumentales, crítica recurrente de la Cámara de Cuentas de Andalucía en sus informes de fiscalización, ha creado un caldo de cultivo para las contrataciones «a dedo» y la entrada de excargos municipales y autonómicos sin vida laboral fuera de la política.

En un atestado entregado hace dos años a la juez que investiga las irregularidades de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo , conocida por sus siglas (Faffe), la Guardia Civil detectó «la vinculación, directa o indirecta, de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales», principalmente con el PSOE. Sus 1.600 empleados recalaron en 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo cuando el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó la controvertida Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, bautizada como «ley del enchufismo».

Ante este mastodóntico conglomerado administrativo heredado de anteriores ejecutivos, compuesto por casi un centenar de entidades, el «Gobierno del cambio» ha pactado con Vox «explorar» distintas vías para reciclar a su personal infrautilizado haciendo una regulación que posibilite asignarle tareas administrativas que ahora tiene vedadas por ley. Quiere trasladarlos a las consejerías en lugar de que aplicar un ERE a gran escala que acarree costes indemnizatorios elevados.

En la «administración paralela» convive personal diverso con cualificación y funciones muy diferentes. La Memoria del Presupuesto de 2019 ofrece una explicación al aumento del personal en el sector público. «Las entidades instrumentales del sector sanitario y de servicios sociales y dependencia alcanzan crecimientos muy significativos», «derivados de la apertura de nuevos centros hospitalarios, del crecimiento de los servicios en materia de dependencia y servicios sociales, y del carácter prioritario otorgado a la investigación sanitaria», señala.

Las agencias, empresas y fundaciones adscritas a la Consejería de Salud elevan un 25 por ciento sus partidas de personal respecto a 2018 y se prevé crear un único ente público que integre también el Servicio Andaluz de Salud. En la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia el gasto crece un 9,3 por ciento debido a las nuevas contrataciones. En cambio, «las entidades de carácter no social experimentan un crecimiento medio solo del 3,37 por ciento», indica la memoria.

El proceso ha sido inverso en la masa laboral que trabaja en la Administración pura y dura. Si a 31 de diciembre de 2015 había 47.057 funcionarios y laborales, la cifra actual es de 45.458 . Es un grupo heterogéneo que incluye desde ingenieros agrónomos a conservadores del patrimonio, pero también vigilantes de museos, ayudantes de biblioteca, informáticos, conductores, cuidadores en residencias de mayores o administrativos que elaboran resoluciones o tramitan subvenciones. En suma, todo el personal que trabaja en la Junta excluyendo los cuerpos de Educación, Sanidad y Justicia.