La sentencia contra una época de excesos en la UGT Andalucía: «Perjudicó a los trabajadores que debe defender»

Una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, notificada este miércoles a las partes, concluye que cinco antiguos mandos del sindicato desviaron «de manera consciente y fraudulenta» hasta 40,62 millones de euros de fondos públicos destinados a los trabajadores a los que «debe defender». Los trabajadores andaluces y la sociedad en general son los principales perjudicados por los distintos mecanismos diseñados por la antigua cúpula sindical para «beneficiarse de subvenciones públicas» utilizando para su propio provecho a proveedores de confianza.

Según la descripción que hace la sentencia que impone penas de cárcel y multas millonarias, la UGT-A montó una especie de contabilidad paralela a la oficial que fue perfeccionando año a año y que constituyó una vía de financiación irregular de las actividades del sindicato. Hasta creó un manual informático para registrar las facturas ficticias y duplicadas, 'botes' o saldos creados con los descuentos aplicados por sus proveedores y el alquiler artificioso de aulas.

El dinero público entregado por la Junta de Andalucía era el aceite que lubricaba la maquinaria fraudulenta del sindicato como agente social. Como también lo fueron las ayudas para empresas en crisis en el caso de los ERE, que se saldó con condenas a 19 ex altos cargos anuladas parcialmente por el Tribunal Constitucional tras una sentencia firme de la Audiencia de Sevilla. O como lo fueron las inversiones sin control de la empresa pública de capital riesgo Invercaria. Todas ellas son ramas que salen de un mismo árbol de corrupción institucional en una época marcada por excesos e irregularidades que son investigadas y sancionadas por la Justicia andaluza.

El conseguidor de los ERE y exdirigente de la rama de Alimentación de UGT, Juan Lanzas, que se movía por los pasillos de la Junta como por su casa, fue el nexo que conecta el caso ERE con las ayudas a la formación. Tras desvincularse del sindicato creó dos empresas de formación, que a su vez tenía importantes relaciones comerciales con la UGT-A, según denunció el funcionario y testigo protegido en la causa Teodoro Montes.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, expresó ayer su «respeto» a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la antigua cúpula del sindicato. Ofrece «una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE-A» muy alejada de la que ahora ofrece el Ejecutivo del PP, dijo. La dirección actual del PSOE también mostró su respeto a dicha decisión judicial, mientras que Vox reclamó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que corte la «financiación» a un sindicato «mafioso» como UGT-A que, asegura, ha «robado» a los andaluces.