Salud se enfrenta a demandas por mala praxis en el cáncer de mama en Andalucía desde hace décadas

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Rafael Aguilar

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La archivo de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contiene decenas de sentencias emitidas en las últimas dos décadas que se pronuncian acerca de recursos presentados en su mayoría por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a decisiones de instancias judiciales de un orden inferior y que dan la razón a las pacientes oncológicas descontentas -o a sus familiares, en el caso de que hayan fallecido por una demora en el tratamiento-.

Las disfunciones del plan contra los tumores en el pecho que activó la Junta de Andalucía en 1995 no son, por tanto, nuevas, por más que sea ahora cuando arrecien las críticas por el hecho de que 2.000 mujeres con un diagnóstico dudoso no hayan recibido una información precisa sobre el estado de su enfermedad.

Algunos de los casos sobre los que razona el Alto Tribunal autonómico son semejantes a los que han desatado una crisis sanitaria y política en Andalucía desde comienzo de este mes. Por ejemplo: la familia de G., una mujer que se trataba de un tumor en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde finales de los años 90, consiguió que un juzgado de primera instancia le reconociera una indemnización a cuenta del SAS por valor de 148.832 euros por una mala praxis que causó el fallecimiento de la mujer en 2007 por un carcinoma metastásico.

El Servicio Andaluz de Salud recurrió el fallo y apeló al TSJA, que volvió a darle la razón a los parientes de la paciente. El Tribunal Superior de Justicia argumenta en la sentencia que «el perito afirma que resulta contrario a los protocolos normales, tras un proceso oncológico, interrumpir el seguimiento durante dos años, en cuyo periodo es lo más probable que se desarrollase una enfermedad; lo que, de acuerdo con ello, constituye una mala práctica».

Y añade: «El informe [del perito] dice que el índice de marcadores de abril de 2004 no era muy significativo, lo que no aconsejaba en ese momento pruebas a ciegas; igualmente añade que lo correcto hubiese sido repetir el análisis al poco tiempo, lo que no consta que se hiciera, al contrario, pues lo que resulta de la historia es que no hubo seguimiento en dos años». A la vista está que este caso es parejo a los que ahora se encuentran en primera plano de la actualidad.

En la jurisprudencia del TSJA hay numerosos pleitos con las mismas temática y desenlace. En mayo de 2016, este tribunal garantista tuvo que pronunciarse acerca de otra apelación del SAS porque un juzgado le había condenado a hacerse cargo de la responsabilidad patrimonial por los daños que sufrió una paciente oncológica de Sevilla por una atención deficiente en la sanidad pública, y en su resolución pone el acento, justamente, en uno de los temas que se están revisando ahora, que es el seguimiento del tumor cuando su existencia no está clara, sino que es probable, dudosa.

Dice el TSJA en su fallo: «El avance del carcinoma de mama no se presenta como el resultado de un acto médico único, sino como un proceso integrado por la sucesión de una pluralidad de actos espaciados en el tiempo».

A renglón seguido subraya «el descuido en la supervisión del proceso de revisión periódica a que estaba sometida la recurrente, tras practicarse una mamografía en fecha 14 de diciembre de 2007 que determinó su clasificación en la categoría/código de sospecha 3, que corresponde a las mujeres cuyos hallazgos mamográficos son probablemente benignos, con una probabilidad de carcinoma inferior al 2 por ciento». Son estos supuestos en concreto los que han hecho que la polémica estalle en Andalucía este octubre.

Concluye el Alto Tribunal que «si bien toda falta de servicio es en última instancia personal, la explicación de la atención defectuosa podría localizarse en este caso en un indebido funcionamiento del sistema de revisión, por falta de coordinación entre el servicio especializado prescriptor de una revisión periódica y el escalón de la asistencia primera».

Esta falta de coordinación que el TSJA destaca para el hecho de 2007 sobre el que se pronuncia en 2016 sigue vigente hoy: de hecho, la Consejería de Salud ha nombrado ahora, y tras las críticas de numerosas pacientes, a un coordinador del programa del cribado del cáncer de mama en el SAS, que nunca antes había existido, como tampoco uno en cada hospital, y que ya sí va a estar operativo.

El principio jurídico en el que se basa la mayoría de las sentencias sobre los problemas del tratamiento del cáncer de mama es el de 'pérdida de oportunidad', que como indica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «se concreta en que basta cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza, para que proceda la indemnización, no por la totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad».