Rafael Aguilar: «De enriquecer las clases a graves infractores de la política migratoria»

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El presidente andaluz lamenta «la falta de transparencia e información por parte de la Administración del Estado, del Gobierno de España, en un tema que es muy sensible»

Esto es justamente lo que sucedió el pasado curso en la provincia de Sevilla, que ha sido el único lugar de España en el que el Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ha puesto la lupa sobre las condiciones en las prestan sus servicios los estudiantes extranjeros que apoyan las clases de conversación.

Inspección de Trabajo considera que estos chavales, en su mayoría universitarios de Estados Unidos, tienen que estar dados de alta y no pueden conservar el estatus de estudiantes auxiliares, que es justamente lo que fija el Gobierno central. Así que multa al canto para la Junta, por más que en este proyecto con más de veinte años de vigencia sea un mero colaborador.

El agravio alcanza tintes kafkianos cuando conocemos que el único sitio del territorio nacional al que el departamento de Yolanda Díaz exige el alta laboral de los alumnos de apoyo es Andalucía, porque en el resto del país pueden seguir funcionando como lo que siempre han sido: alumnos que enriquecen las clases contando las vivencias de sus sitios de origen en su lengua materna y con un perfil más próximo al de un cooperante cultural que al de un profesional de la docencia.

El disparate no encuentra límites. En esta carta remitida por la consejera de Desarrollo Educativo de Andalucía a la ministra de Educación, la primera le afea a la segunda que su colega Yolanda Díaz vea en los voluntariosos chicos extranjeros a unos «trabajadores extracomunitarios» que, al incorporarse a territorio de la Unión Europea, dan pie a «una grave infracción en materia de extranjería».