Primera condena de la Audiencia de Sevilla por enchufismo en la Faffe contra el exalcalde socialista de Lebrija que cobró 360.000 euros sin trabajar

El exregidor fue contratado en la entidad pública «por su sola voluntad, amistad y afinidad política», lo que permitió cobrar 359.973,51 euros tras ser contratado en la Faffe pese a que «no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno», concluye el tribunal que ha juzgado a ambos ex directivos de la Junta de Andalucía. La sentencia, dictada este martes 29 de abril, ha sido notificada hoy miércoles a las partes personadas en este procedimiento.

El enchufe de su amigo y compañero de partido le ha supuesto al ex director general técnico de la extinta Faffe una condena a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas. Villén ya fue castigado con seis años de prisión por el gasto con dinero público en prostíbulos en otra pieza separada de la macrocausa de corrupción Faffe, pero dicha sentencia no es firme y ha sido recurrida.

Al exregidor socialista los magistrados le han impuesto una pena de dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.

El cargo de directivo fue un traje a la medida del exregidor socialista. «Como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba puesto» para Antonio Torres, el ex responsable de la Faffe «creó uno 'ad hoc', que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas». Se ideó, por tanto, un departamento «inexistente», que «no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito». De hecho el acusado no pisaba las oficina de la Faffe «ni desempeñaba trabajo alguno». Cobraba por estar en su casa.

Esta mala práctica no era un caso aislado en la fundación autonómica, que terminó convirtiéndose en una agencia de colocación para allegados a cargos del PSOE y de la propia entidad pública. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, tiene abierta una investigación que se centra en «la posible injustificada [...] contratación de, al menos, 84 personas», que habría sido realizada «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad».

La de Antonio Torres sería la primera condena por enchufismo en esta entidad que se financiaba con subvenciones excepcionales de la Junta de Andalucía —recibió cerca de 300 millones de euros entre 2003 y 2011– para organizar cursos para parados y trabajadores en una de las comunidades con mayor tasa de desempleo de España.

El gobierno del PSOE utilizó la Faffe para repartir favores y tejer una red clientelar, según se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados al juzgado. Al día siguiente de disolver la Faffe en mayo de 2011, sus 1.664 asalariados se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde la mayoría continúa trabajando en la actualidad. Uno de los beneficiados con este traspaso, que lo convirtió de facto en empleado público, fue precisamente el exalcalde de Lebrija que ahora ha sido castigado con la cárcel.

La sentencia también obliga a los dos condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973,51 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según establece la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos se remontan al año 2003. Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales celebradas ese año, el ex primer edil condenado perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo «directamente» a Fernando Villén «pidiendo trabajo», a lo que éste último accedió «con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe», un punto «innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público».

«No consta» que el exalcalde «se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes» a semejante puesto, advierte la resolución. Torres no se conformó con su contratación temporal y «exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo, a lo que accedió igualmente» el ex director de la Faffe, e «impuso sus condiciones salariales». El puesto, pagado con fondos públicos, se ideó a la medida de los deseos del propio interesado.

La Sección Tercera considera probado que, «a pesar de ello», el ex alcalde «se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constan sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la Fundación, con el logotipo de la Junta de Andalucía», indicando en este punto que el encausado «no tenía más dependencia jerárquica y funcional» que la del ex director de la Faffe.

El exalcalde de Lebrija «nunca se integró en el Comité Directivo ni en la estructura orgánica de la Fundación, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la Fundación, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos».

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Este acusado fue colocado en la Faffe el 1 de julio de 2003, «suscribiendo el acusado Fernando Villén personalmente el contrato», como gestor de Recursos Municipales con categoría de Mando, un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efecto 1 de diciembre de 2004 como directivo, con una retribución de más de 40.000 euros anuales, encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta su extinción y su integración (3 de mayo de 2011) en el SAE.

«Los escasos trabajos -reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE y sus relaciones jurídicas se subrogaron en las mismas- los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail», ponen de manifiesto los magistrados.

La contratación del ex alcalde por parte de la Faffe, «a instancia» de Fernando Villén, «fue por su sola voluntad, amistad y afinidad política, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar, se llevó a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto», argumentan los magistrados de la Audiencia sevillana.

Su contratación se realizó, en definitiva, «de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa y disciplina interna mantenida por la Faffe y con lo establecido en la legislación aplicable», añaden.

La figura del responsable de «la Dirección de Relaciones Externas» de la Faffe, el puesto «grandilocuente» que se le asignó, era «desconocida para el resto de empleados, ya que no desarrollaba su trabajo en ninguna de las sedes» de la entidad de la Junta. «No existe ninguna prueba documental que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe», advierten los magistrados.

Para la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla no cabe ninguna duda de que el exregidor socialista de Lebrija «ha contribuido a dicha ilícita contratación, aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad a la misma, concertándose con Fernando Villén para llevar a cabo dicha irregular contratación».

Durante el juicio, celebrado en octubre de 2024, la Fiscalía solicitó para Fernando Villén cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que para Antonio Torres pidió dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, así como que indemnizaran a la Junta con la cantidad que ha sido finalmente fijada en la sentencia.

«La contratación es ilegal, grosera (…), está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad», sostienen los magistrados, que subrayan que «esta forma de contratar por la administración pública es ilegal porque está fuera de toda norma». «La contratación en Faffe es al libre arbitrio del acusado Fernando Villén (con colocación de personas afines, enchufados)», indican.

Como consecuencia, los magistrados concluyen que «la irregularidad de la contratación tenía como objetivo proporcionarle» al ex alcalde «un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones y patente empobrecimiento del erario público». «Antonio Torres no fue a trabajar pero recibió el dinero», apostillan. Hacen hincapié en «el desprecio patente a la legalidad administrativa que determina la actuación» de ambos acusados.

«La conducta enjuiciada era fruto de un acuerdo entre ambos acusados para, aprovechando su cercanía personal o política, detraer fondos públicos en su propio beneficio y correlativo perjuicio para las arcas públicas», recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.