El «maltrato» del Gobierno a los andaluces con el reparto de la financiación autonómica supone ya el 42% de la deuda de la Junta

El asunto se complica todavía más si, como se ha comprometido el Gobierno, una comunidad como Cataluña sale del régimen común donde está ahora para pasar a recaudar todos los tributos generados en su territorio a través de su propia Agencia Tributaria pagando al Estado una aportación por los servicios que le presta junto a una cuota de solidaridad que no se ha cuantificado.

Un informe publicado el pasado mes de mayo por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y coordinado por el catedrático emérito de la Universidad de Valencia Francisco Pérez García, especialista en la materia, revela que la insuficiente financiación autonómica está empujando a las regiones más perjudicadas a endeudarse más que las que reciben más fondos por habitante ajustado. La población ponderada con otros factores demográficos y geográficos es la variable que se toma como referencia para determinar la necesidad de gasto de cada territorio y repartir así los fondos.

La infrafinanciación relativa, es decir, la carencia de recursos que padecen las comunidades que cuentan con menos recursos del Estado que la media representa ya el 42,1% de la deuda en el caso de Andalucía, según el citado estudio titulado 'El sistema de financiación autonómica y las comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma'.

En números absolutos, la deuda causada por el sistema diseñado tras un acuerdo entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ERC asciende a 16.261 millones de euros de la cuantía total que Andalucía debía en el año 2023 (38.649 millones de euros). Significa que de cada diez euros que debe la Junta a entidades financieras y otras administraciones, cuatro provienen de un modelo que no está nivelando los recursos entre las comunidades más ricas y las más pobres para que todas puedan prestar los servicios en las mismas condiciones.

En el 'club' de las castigadas, Andalucía sería la que sale peor parada, al estar asociada al sistema un 42,1% de su deuda. Le siguen la Comunidad Valenciana, cuya infrafinanciación supone el 41,7% de su deuda, la Región de Murcia (37,8%) y Castilla-La Mancha (16,2%). «Se trata en todos los casos de importes relevantes y en tres de las comunidades de más de un tercio de su deuda total», subraya el trabajo de investigación dirigido por Francisco Pérez García en colaboración con el economista José Antonio Pérez y el auditor Juan Pérez Ballester (IVIE).

Acabar con este agravio económico hacia los andaluces es la madre de todas las batallas que libran el Gobierno y la Junta. Y la cantinela omnipresente en la política nacional desde hace diez años. Ya lo era cuando la actual ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE regional, María Jesús Montero, llevaba las finanzas andaluzas como consejera (2013-2018) y se dedicaba a martillear al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a cuenta del «maltrato» —así lo denominaba— al que era sometida esta tierra por este sistema.

Estando ya en el Gobierno —desde junio de 2018—, Montero no ha reformado la financiación autonómica bajo el argumento de que el PP no se pone de acuerdo en las diferentes comunidades que gobierna. Ha priorizado la quita de la deuda a Cataluña pactada con los independentistas de ERC, socios parlamentarios del Ejecutivo del PSOE y Sumar, condonación que luego ha ofrecido al resto de territorios.

Según los cálculos de Montero cuando mandaba en la Junta, a Andalucía le correspondían por derecho 4.000 millones de euros debido a que 200.000 andaluces no estaban computados en la estimación del Estado para definir la dotación a recibir. Esta reivindicación se convirtió en su permanente caballo de batalla ante el ministro Cristóbal Montoro, al que pedía que aumentase la transferencia del IVA y los impuestos especiales. Pero la transferencia de 4.000 millones de euros no figura en el cuaderno de Pedro Sánchez.

La ministra no sólo se ha desentendido de su reclamación, sino que se ha negado a compensar a las comunidades más perjudicadas con un fondo transitorio hasta que se reforme el actual sistema, una demanda que Juanma Moreno llevó también a la reciente Conferencia de Presidentes. Este fondo no dejaría de ser un parche pero, al menos, permitiría a Andalucía, por ser la región más poblada, recibir una inyección adicional de 1.409 millones de euros, según la estimación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El sistema de financiación de las comunidades de régimen común,―excluidos los territorios forales de Navarra y País Vasco,―se nutre de la recaudación de impuestos y de las aportaciones del Estado. El informe distingue tres factores que causan el endeudamiento de las comunidades. El primero es la infrafinanciación relativa, es decir, la falta de fondos en las que cuentan con menos recursos que la media, como es el caso de Andalucía. El segundo es la insuficiencia colectiva de las autonomías de régimen común generada por la gran recesión o infrafinanciación global del sistema de 2009. El tercero es el asociado a los costes financieros derivados de los préstamos que acumulan, mayores en las comunidades más endeudadas.

La deuda pública del conjunto de las comunidades de régimen común se mantuvo en torno al 6% del PIB durante el periodo 2001-2007. Entonces no había un problema de insuficiencia generalizado o déficits significativos. Pero con el estallido de la pasada crisis financiera las tornas cambiaron y la deuda autonómica se disparó hasta tocar techo en 2016, cuando equivalía al 25,7% de su PIB. Salvo en los dos años de la pandemia (2020 y 2021), las regiones han ido reduciendo su deuda hasta el 23,2% en 2023.

Para los expertos, son «significativos» los números rojos generados por la infrafinanciación relativa de algunas comunidades que se calculan estimando qué parte de su deuda no se habría producido si, gastando lo que han gastado, hubieran tenido unos ingresos iguales a la media.

«Para las comunidades infrafinanciadas es más difícil proporcionar a sus ciudadanos el mismo nivel de prestaciones en salud, educación y protección social que el ofrecido por término medio en el resto de los territorios. Para lograr esa meta necesitan dedicar al gasto en servicios fundamentales un porcentaje mayor de sus recursos no financieros», concluyen.