La ministra María Jesús Montero lleva casi siete años sin arreglar el «maltrato» a Andalucía

Nadie como ella reclamó al PP con tanta obstinación la reforma que ahora permanece congelada. Después de casi siete años en el Ministerio, no ha puesto remedio a la infrafinanciación andaluza, mientras ha priorizado la quita de parte de la elevada deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado.

Fue María Jesús Montero quien impulsó un acuerdo del Parlamento que recogía que Andalucía necesitaba 4.000 millones de euros más del Estado para tener una financiación justa que sostenga servicios básicos como la sanidad o la educación. Juanma Moreno lo firmó como jefe de la oposición, pocos meses antes de convertirse en presidente de la Junta en enero de 2019.

La moción de censura que desalojó a Rajoy trastocó el plan trazado y las prioridades de la ministra. La renovación del perjudicial sistema de reparto de los recursos del Estado entre los territorios pasó a un segundo plano y la exigencia de un fondo transitorio que compensara a las comunidades infrafinanciadas también cayó en saco roto. La nueva ministra ha dado prevalencia a las concesiones a los independentistas catalanes, que sostienen en el Congreso al Gobierno en minoría del PSOE y Sumar. Con esta actitud, la actual secretaria general de la federación andaluza ha alimentado el memorial de agravios de otros territorios.

El próximo junio se cumplirán siete años desde que Pedro Sánchez llamó a Montero para sustituir a Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. Han sido casi siete años perdidos, sin que se haya renovado un sistema que engendra desigualdad. El Estado envía menos dinero de lo que le corresponde a la comunidad más poblada de España para financiar los servicios públicos.

«Cada año que pasa Andalucía pierde mil millones de euros. Los ciudadanos no se pueden permitir que Andalucía esté maltratada por este modelo de financiación y no se aborde el debate por temor a otros conflictos territoriales», se quejaba Montero en noviembre de 2016 en el programa 'Buenos días, Andalucía', de Canal Sur.

La hemeroteca se ha convertido en el peor enemigo de la vicepresidenta, que trata de surfear entre las contradicciones culpando al PP del bloqueo de la reforma. Insistió en esta idea durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda el Senado el pasado 3 de abril para informar de las previsiones del Gobierno sobre la renovación del modelo, caducado desde el año 2014. Aseguró que durante una reunión técnica con las regiones el pasado 12 de febrero se volvió a constatar «la dificultad para que las comunidades autónomas abandonen las posiciones de máximos»».

Pasando por alto que la debilidad del Gobierno lo deja a merced de las exigencias de sus socios nacionalistas, la nueva líder del PSOE-A invitó al PP a abordar la reforma en una mesa de partidos. «La cuestión es que seguimos sin resolver que lo que defiende Andalucía no es lo mismo que Galicia, que Madrid, que Valencia, que Murcia o que Asturias. Y como el PP gobierna en todas ellas, creo que entre todos seremos capaces de poder llegar a un acuerdo si salimos de esta situación inamovible», explicó.

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En siete años se han dado algunos pasos aunque queda casi todo el camino por recorrer. El primer movimiento se produjo el 3 de diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Hacienda remitió a las comunidades un informe de 240 páginas elaborado por el grupo de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. El primer «esqueleto de la financiación», que Montero había prometido en febrero de 2020, recogía un nuevo sistema de cálculo que revisaba el criterio de población ajustada y elevaba el peso del gasto sanitario y educativo, pero no concretaba cuál era el tamaño de la tarta de los fondos que se van a repartir.

Al final de enero de 2022, los barones autonómicos remitieron sus alegaciones a la propuesta estatal. La Junta de Andalucía, en la anterior legislatura, le respondió con un informe de 40 páginas en el que calificaba la propuesta como «parcial», una «patada hacia adelante» e inconcreta, pues no ponía «ninguna cifra sobre la mesa».

El espinoso debate permanece en el mismo punto en el que estaba hace más de tres años. Montero no se resigna a cambiar el sistema, mientras pone al PP en la diana de sus reproches. Lo hacía antes, cuando era consejera, y lo hace ahora, que ella es la titular de Hacienda. «Hace unos días hemos recibido de nuevo las aportaciones de las comunidades autónomas respecto a población ajustada. Y les digo que si en este punto hay discrepancias hasta con el resumen (...), lo seguiremos intentando, pero se requiere una actitud distinta. Y es que, si no, ya les digo que esto será como el día de la marmota: volver a empezar otra vez con el documento, que tampoco responde a las condiciones de máximos que pide cada uno. Y no va a responder, lo digo ya», advirtió en el Senado el pasado 3 de abril.

La quita de la deuda que ofrece al resto de comunidades –después de haber pactado con ERC esta medida y una financiación singular que está por definir– «ni sustituye ni paraliza» el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, aclaró la ministra responsable de pilotarlo.

Como ella misma proclamó el 30 de mayo de 2018 en el Parlamento andaluz, «quien tiene que liderar este debate es el Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos, el Gobierno español. (…) El Ministerio de Hacienda tiene que liderar el debate, tiene que ejercer su responsabilidad y tiene que presentar una propuesta sobre la que se pueda discutir». Nadie imaginaba entonces, ni siquiera ella, que pocos días después, Sánchez iba a darle la llave de la caja del Estado.

En estos momentos defiende lo contrario, que es el PP el que tiene que poner de acuerdo a sus comunidades sobre el modelo que quieren. Como sentenció María Jesús Montero en mayo de 2018, «en política el problema que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es que tenemos que tener una coherencia exquisita para no caer en nuestras propias contradicciones». No le faltaba razón.