fraude a la formación
El caso Edu apunta a una «red clientelar» entre Junta y empresas por los cursos
La coexistencia de «cazasubvenciones» y una ausencia alarmante de control de los fondos, caldo de cultivo del fraude
El caso Edu apunta a una «red clientelar» entre Junta y empresas por los cursos
Mientras los primeros detenidos por el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta regresaban a sus casas tras prestar declaración, las pesquisas de los responsables policiales del «caso Edu» comienzan a desvelar una presunta red clientelar tejida en el ámbito de ... la Administración autonómica. Una «cadena de favores» de la que supuestamente se lucraban los empresarios y en la que jugaba un papel clave los livianos controles que la Junta de Andalucía ejercía sobre el destino de las ayudas.
La combinación de auténticos «cazasubvenciones» y una ausencia alarmante de cualquier fiscalización de estos fondos públicos ha sido el caldo de cultivo de lo que los agentes consideran una «red clientelar».
Junto a la «falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación o absoluta falta de control de la ejecución de los citados cursos», los investigadores han detectados «comportamientos sospechosos» en algunos funcionarios autonómicos.
El diario digital «Vozpópuli» informaba ayer de que una de las sociedades investigadas en el «caso Edu» fue evaluada por los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con un cuatro sobre cinco y se hacía eco de un documento de la UDEF en el que se relatan «hasta siete supuestas irregularidades cometidas por diferentes órganos de la Junta», además de señalar con «nombres y apellidos» a cinco cargos.
Los agentes han dibujado un entramado en el que se desenvolvían con total impunidad los «cazasubvenciones». La Fiscalía Anticorrupción aludía en un informe ampliatorio a resoluciones de la Dirección General de Empleo por las que se conceden ayudas en 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación para desempleados —dentro del programa presupuestario 32D— que «han beneficiado a determinadas personas». El Ministerio Público hacía hincapié en el caso de «un mismo beneficiario que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades vinculadas a él» por un importe de 14,6 millones de euros.
La primera fase de la operación, que se desarrolló el martes en Málaga y Granada, se saldó con 12 detenidos y ha estado focalizada en las academias; no obstante, como adelantó ayer este periódico, la intervención sigue abierta y se espera alcanzar la treintena de detenidos e imputados.
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