Nueva detención por el fraude de los fondos de formación para parados en Málaga

El juez instructor ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía que prosiga su investigación y los agentes han dejado en libertad a los arrestados el martes pasado (ocho de ellos en Málaga y cuatro en Granada), sin que hayan llegado a pasar a disposición judicial.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha afirmado en un acto en Málaga que es «una investigación que está abierta» y que «se sigue trabajando, por tanto no está cerrada y no se puede descartar que haya nuevas detenciones».

A preguntas de los periodistas, Cosidó ha precisado que se trata de una investigación «que está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y que está judicializada».

Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha referido en otro acto a la nueva detención y ha explicado que algunos de los arrestados han sido imputados con cargos policiales y no judiciales y han quedado en libertad con esos cargos.

«Es una gran operación, de gran alcance, que tiene que ver con el tema de la formación y que desgraciadamente para nosotros es un hecho lamentable para Andalucía», ha destacado, tras añadir que le «llena de estupor» y que pone «un acento negativo a nuestra tierra que no deseamos nadie».

Crespo quiere asimismo que «se cubran responsabilidades, y más cuando se trata de temas de formación muy importantes en una época de crisis en una tierra que tiene diez puntos por encima de paro con respecto a la media nacional»; ha expresado su «indignación» y desea, «como toda la sociedad andaluza, que se depuren responsabilidades».

Cosidó ha recordado que la investigación «está sometida a secreto sumarial y la Policía siempre tiene que ser muy respetuosa cuando hay un secreto sumarial para dejar que las investigaciones se vayan desarrollando».

Ha añadido que «hubo ayer unas detenciones y, en la medida en que el juez lo vaya permitiendo», se irá «dando puntual información sobre la operación».

Al preguntársele si podrían ser detenidos funcionarios y cargos políticos, Cosidó ha insistido en que, debido al secreto sumarial, no puede dar «más información sobre las detenciones».

La Fiscalía de Málaga solicitó hace un mes que declarasen como imputados funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones y los responsables de las entidades donde se detectaron irregularidades en la obtención de las ayudas y en la aplicación de los fondos recibidos.

El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, consideró entonces que los hechos investigados podían constituir presuntamente delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.