Luz verde del Consejo Consultivo a la Ley de Vivienda de Andalucía

La Junta de Andalucía, en función de estas apreciaciones, ha concretado conceptos como el del acceso a la vivienda en algunos artículos (1 y 5), con la idea de evitar interpretaciones erróneas. También se han realizado modificaciones menores en el articulado como el derecho de tanteo y retracto en viviendas protegidas (se ha incluido el plazo de derecho de tanteo), el parque público (modificar la expresión para recoger que son «viviendas de titularidad autonómica o de municipios del territorio andaluz») o los colectivos prioritarios de acceso a la vivienda (en vez de decir mayores de 65 años, se incluyen a personas que hayan alcanzado la edad de jubilación, al igual que se amplía el espectro de personas que acceden a primera vivienda más allá de los jóvenes).

De igual manera, se han resuelto algunas dudas del Consejo Consultivo sobre el hecho de que el anteproyecto incluya modificaciones en el reglamento de Viviendas Protegidas o el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA). Estas modificaciones están justificadas porque se garantiza la aplicabilidad inmediata de aspectos esenciales del texto legal y, a su vez, se evita la contradicción normativa en materias de procedimiento y gestión.

La Consejería de Fomento también ha argumentado las observaciones del Consultivo sobre el carácter programático de la Ley, explicando que se ha hecho una norma equilibrada, que no se limita a una proclamación de intenciones, sino que tiene una estructura normativa y establece los instrumentos de planificación adecuados para la ejecución de las políticas de vivienda, así como regula otros aspectos directamente aplicables.

Tras este dictamen, se culmina todo el proceso de elaboración del anteproyecto de ley antes de que sea aprobado en el Consejo de Gobierno y afronte su tramitación parlamentaria a la vuelta del verano. Un proceso marcado por la alta participación y el diálogo con todos los actores implicados en materia de vivienda. En los últimos meses, la Ley de Vivienda de Andalucía ha recibido el dictamen favorable del gabinete jurídico, el Consejo Económico y Social y, en última instancia, del Consejo Consultivo.

Andalucía es de las primeras comunidades que ha impulsado una ley propia tras la Ley Estatal de Vivienda que, tras más de dos años de vigencia, no ha resuelto los problemas de la vivienda y que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, había invadido competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía. Esta sentencia dio la razón a la Junta de Andalucía en su recurso de inconstitucionalidad.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía vendrá a resolver la dispersión normativa existente (con la derogación de cuatro leyes andaluzas) y tiene como principal objetivo favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna. El anteproyecto ha surgido del diálogo y el consenso, con aportaciones recibidas desde el inicio por parte de los agentes sociales, económicos y del sector, buscando el equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias.

Este anteproyecto de Ley se sustenta en varios ejes, algunos adelantados en el decreto ley aprobado en febrero, como la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial (vivienda protegida).

También apuesta por el incremento de la oferta de vivienda, en línea con las ayudas que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019 a promotores públicos y privados. Igualmente, creará la figura de las áreas prioritarias, que permitirán agilizar trámites (mediante declaración de urgencia) o priorizar el acceso a programas del Plan Andaluz de Vivienda en función de la alta demanda o problemática de vivienda de un territorio.

En tercer lugar, optimizará la gestión del Parque Público de Viviendas de Alquiler en Andalucía, mediante un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados. Y también recoge medidas para fomentar la rehabilitación de viviendas o para garantizar el buen uso y equilibrio del mercado residencial, defendiendo el uso residencial habitual y permanente y dando seguridad jurídica a los propietarios.