La Junta anuncia que formalizará la petición de cesión del Cercanías a Andalucía y la oposición lo tilda de «pose»

No se trata por tanto de incorporar nuevas transferencias, sino de ejecutar medidas que se recogieron en el documento que aprobó el Parlamento andaluz, el Congreso y el Senado y que en algunos aspectos quedó en un cajón. Aunque el Gobierno andaluz en algún momento ha planteado públicamente esta posibilidad como una reacción a los déficits de inversión o mantenimiento de una red que en Andalucía, por ejemplo, no existe en cinco de las provincias, la realidad es que no se ha tomado hasta ahora ninguna medida efectiva.

Pero el acuerdo con ERC y una iniciativa planteada por el Grupo Mixto Adelante Andalucía en el Parlamento que votó a favor el PP y ante la que se abstuvo el PSOE han reabierto este tema hasta el punto de que ayer el presidente anunció que la Junta iniciará los pasos para asumir esta competencia «en los mismos términos» que lo haga Cataluña y, por supuesto, con la misma financiación que le corresponda. «Pediremos todo lo que se conceda a Cataluña. No vamos a ser menos que nadie», se comprometió el presidente andaluz, quien a continuación advirtió que la realidad es que el Estado «no tiene capacidad para un café para todos». Para los grupos de la oposición este anunció «no es más que una pose».

El primer paso para materializar este anuncio es convocar la comisión mixta de transferencias prevista en el Estatuto. El paso que el Grupo Adelante Andalucía exigió a través de su portavoz José Ignacio García. Y ahí se abre el primer punto de la nueva confrontación con el Gobierno de España. Esta comisión prevista en el Estatuto y regulada desde el año 2009 no se reúne desde 2014. Según el Gobierno autonómico cada año, se viene solicitando su convocatoria por distintos motivos, especialmente del ámbito educativo, sin que haya respuesta. De acuerdo con el reglamento es el presidente, que depende del Ministerio de Política Territorial, quien debe realizar la convocatoria. Fuentes próximas al Gobierno, en cambio, cuestionan que esa solicitud se haya realizado formalmente y subrayan la disposición a mantener ese encuentro en cuanto se solicite.

Sí consta un escrito remitido en 2021 por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se solicitaba una reunión de la Comisión Bilateral de Diálogo, que es un órgano distinto, previsto también en el Estatuto y de carácter general. Esa misiva no tuvo respuesta y nunca se llegó a producir la celebración de la comisión.

Una segunda parte es que la Junta debe definir en qué condiciones, en qué plazos o con qué financiación se quiere pedir esta competencia. La cifra de 6.000 millones es una estimación para Cataluña sin que esté definido cuánto y en qué plazo le debería corresponder a la comunidad autónoma andaluza. Ahí se abre un segundo pulso con el Gobierno de España en torno a la cuantía y especialmente a las condiciones en las que deba producirse el traspaso. El presidente anticipó ayer, entre otras, que debe realizarse una inversión previa para la adecuación de la red además de incorporar un programa de inversiones para la ampliación.

Ahí es dónde centra su crítica el PSOE que ya presentó una iniciativa para que se ponga en marcha una ponencia que determine el desarrollo del Estatuto. «La realidad es que no puso en marcha la comisión porque no se lo cree y en realidad todo es parte de la estrategia de confrontación para denunciar el agravio a Andalucía por los pactos con Cataluña», apuntó el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas.

Existe otra vía para avanzar: la convocatoria de la comisión de desarrollo estatutario. La presidencia le corresponde al PSOE-A y de ahí que Juanma Moreno reprochara a Espadas que no se hubiera convocado en ningún momento. La respuesta vino a través de anuncio: la próxima semana se registrará la petición para que se celebre la reunión que aborde el traspaso del Cercanías y de otras competencias.

En el otro extremo del arco parlamentario, Vox también acusó al presidente andaluz de mantener una «posición impostada» y de mantener un discurso de agravio con el Gobierno de España simplemente «por interés». En este caso, su portavoz, Manuel Gavira, advirtió que la posición de pedir lo mismo que Cataluña «está blanqueando» los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez.