La Junta de Andalucía muestra los informes de las profesionales que denuncian el fallo informático de VioGén2

En las notificaciones de las usuarias no se incluía el número del teléfono móvil, clave para que la Consejería de Igualdad pueda establecer contacto y les ofrezca el servicio de asistencia jurídica, psicológica y socio-laboral que prestan las autonomías. La vigilancia y seguridad es competencia del propio Ministerio de Interior, pero las regiones apoyan a las mujeres vulnerables con este tipo de amparo y colaboración.

Se informó de esta incidencia hace justo un año, y todavía no se ha arreglado. Existen numerosas comunicaciones, intercambio de correos, donde las trabajadoras del área de Igualdad informan de esta circunstancia y les responden que siguen trabajando en la resolución, algo que todavía no ha ocurrido. El enfrentamiento se ha recrudecido este mismo jueves tras la noticia de este medio y la negación por parte del delegado del Gobierno en Andalucía de este error. «El sistema funciona bien» y que cuenta con la «concurrencia de todas las partes implicadas», asegura Pedro Fernández, el 'hombre' de su tocayo Sánchez en la comunidad.

«Hoy es la ultima vez que salen diciendo esto es falso», ha asegurado la consejera Loles López en el Parlamento. López ha ido acompañando sus palabras con los informes de las funcionarias que han registrado esas incidencias informáticas.

«He estado un año callada por la vía de la lealtad, sin decir nada, pero le comunicamos hace un año al Gobierno este problema en VioGén. Las profesionales autorizadas para acceder a los datos detectaron que no aparecen los teléfonos de las mujeres. La diputada dice que es falso. Y el delegado del Gobierno dice que es mentira», describe.

«Pues estos son informes de las profesionales de los centros provinciales de la mujer. En una provincia, 370 mujeres y sólo 84 teléfonos para compartir; en otra, 250 víctimas y únicamente el teléfono de cinco; otra más, 726 mujeres y el móvil de 22; y una cuarta, de 1.330 usuarias, nos aparece el teléfono de 87». La consejera no ha querido mostrar los datos completos de toda la comunidad autónoma para no generar alarma ni se pueda proyectar, pues cada provincia presenta una deficiencia y una singularidad diferentes. Tampoco ha querido señalar cuál era cada cual.

López confirmaba lo apuntado por ABC. «Hemos podido atender a muchas de ellas a través de nuestro sistema» (SIAM), cruzando los datos con los nombres, «y todas las que eran usuarias de nuestros recursos, aparecen, pero hay otras que no están y no podemos contactar porque VioGén falla».

Una vez acabada la intervención en el Parlamento, se sorprendía con la explicación dada hoy jueves en Granada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asegura que la Junta «no entiende bien» el sistema. «Lo que hace para proteger también a la víctima es que sea ella la que ponga sus datos en conocimiento, que decida en todo momento si pueden o no ser utilizados por las administraciones, como puede ser la autonómica. No todas las víctimas van a favorecer el que se conozcan sus datos, solamente aquellas que estén en especial riesgo, en especial vulnerabilidad», destaca Redondo.

La Consejería señala que el error se produce «justo al cambiar el programa informático» y de las mujeres que antes dieron su teléfono, ahora no aparece. Además, en los servicios de la Junta sí cuentan con este dato, se han comunicado con varias de ellas y en ningún momento les han pedido eliminar esos números.

Así que se pregunta «¿hasta cuándo van a señalar a las víctimas? ¿Hasta cuando van a decir a las profesionales que mienten? Niegan los datos certificados por las funcionarias. Las mujeres tenemos una lacra en el Gobierno de España».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue increpada por una activista feminista que la acusó de ser «cómplice de los asesinos y de los maltratadores», al hilo de los fallos en las pulseras antimaltrato. Ha sido la presidenta de la Asociación La Volaera contra la violencia machista, María Martín Romero, que ha agregado interrumpiendo la comparecencia informativa que «esto no es feminismo» en referencia a la gestión del Gobierno respecto de los fallos del sistema Cometa. Desveló que sus compañeras «estaban llamando» en «situación de pánico porque usted sabe que quienes llevan las pulseras» tienen «un riesgo extremo» y «los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo», y la ha emplazado a hablar con las víctimas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha negado «radicalmente» estas acusaciones. Ha pedido «responsabilidad» y ha advertido de que lanzar «esos infundios genera desconfianza y miedo», algo que ha considerado de «una gravedad absoluta». Habla de «»supuestas actas que no existen« cuando la Junta se refiere a datos de contacto. El delegado ha asegurado que todos los responsables de servicios sociales »tienen acceso a los expedientes VioGén siempre y cuando haya autorización por parte de la víctima«.

En el Ejecutivo andaluz entienden que se sigue el mismo camino que emprendieron tras conocerse el error de las pulseras telemáticas antimaltrato: primero negar el error, luego asumir que algo pasa (ahora ha cambiado el programa) y finalmente criticar a los medios y a la oposición por «hacer ruido» con algo tan sensible como la violencia machista.