Andalucía alerta de un fallo informático del Gobierno que impide atender a víctimas de la violencia machista

La Junta no dispone de los teléfonos de parte de las víctimas, porque en muchos casos ya no aparecen en VioGén2, si bien ha podido contactar con muchas de ellas ya que gran parte son usuarias de los Centros Municipales de Información a la Mujer y aparecen en el programa SIAM (Servicios Integrales de Atención a la Mujer), el programa autonómico que desarrolla esa labor de apoyo.

Durante todos estos meses, desde el área que dirige Loles López han insistido al Gobierno de esa incidencia, que oficialmente niegan de manera constante desde el ministerio para desesperación de la propia consejera.

Ha habido comunicación, insiste, entre los funcionarios de ambas instituciones para que no saltara a la opinión pública y provocara una alarma social, pero la inacción del Gobierno provoca que hoy jueves el Grupo Popular lleve una PNL (Proposición no de Ley) sobre violencia de género. El portavoz popular Toni Martín asegura que con esta medida se busca garantizar el correcto funcionamiento y acceso al sistema Viogen y a una justicia especializada para la adecuada atención a las víctimas.

«La plataforma a través de la que deben coordinarse las distintas administraciones que tienen competencias en la atención a las mujeres lleva un año presentando incidencias y provocando que los profesionales de la Junta de Andalucía no puedan acceder a los datos de estas mujeres, con el consecuente perjuicio que ello ocasione en la atención adecuada a las víctimas«, manifiesta Martín.

«Durante un año, le hemos estado diciendo a su Ministerio de Igualdad, al de Interior, al delegado del Gobierno y en las comisiones provinciales que no teníamos acceso al teléfono de las víctimas», informaba la propia Loles López al representante socialista en la Comisión Parlamentaria.

Un nuevo error en la lucha contra la violencia machista que se une al de las pulseras telemáticas antimaltrato y que dejaron desprotegidas a numerosas mujeres. «¿Les duelen las víctimas o les duele el titular», lamenta López. «Porque con las pulseras le dolía el titular», el ruido, aseguró la ministra Ana Redondo. «Este es el mismo sistema que ustedes están utilizando con las pulseras. Llevo un año avisando, le he sido más leal a su Gobierno que ustedes a las mujeres».

La consejera critica especialmente esa actitud de «ocultar y negar», tanto los fallos en las pulseras telemáticas de control a maltratadores como en el sistema Viogen. «Los problemas pueden existir, pero deben reconocerse y afrontarse con transparencia. Yo tengo informes firmados por funcionarias y jefas de servicio que llevan muchos años trabajando por la igualdad y contra la violencia de género«, afirma López, que defiende al profesionalidad de los trabajadores. «Cada fallo del sistema tiene detrás un nombre y un apellido, el de una mujer víctima».

La jefa de la Unidad de Violencia de Género de España reconoció en diciembre pasado que el sistema necesitó algunos ajustes, pero que «se había logrado mayor normalidad». Pero seis meses después, en otra comunicación reconocían que el problema persistía. La consejera pidió reunión al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pero no fue posible ese encuentro.

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía asegura en público que «es falso que se le esté negando el acceso a los datos de contacto» a la Junta, pero en la Consejería insisten en que el intercambio de comunicaciones entre los funcionarios y el reconocimiento de los profesionales demuestra una vez más otra mentira del Ministerio de Igualdad.

La posición de la titular, Ana Redondo, está cada vez más en entredicho, después del nuevo error de las pulseras telemáticas antimaltrato que el martes dejaron desprotegidas a todas las víctimas durante 12 horas. La Comisión Europea está al tanto de estos fallos y examinará la situación ya que de la buena ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional.