La Junta de Andalucía despedirá a enchufados del PSOE que llevan 14 años trabajando sin tener titulación

Por pura casualidad, la tramitación de los ceses en la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en Andalucía va a coincidir con el revuelo político desatado en torno a las biografías académicas de los políticos, a raíz del caso de la diputada del PP Noelia Núñez, quien dimitió hace una semana por publicar unos títulos universitarios que no tenía.

En esta misma situación que la exdirigente se encuentran 12 administrativos y 11 técnicos. El Gabinete Jurídico de la Junta ha determinado que, sin la cualificación necesaria, estos empleados del SAE no pueden continuar a sueldo de la Junta, la principal empresa de la comunidad más poblada de España y la mayor empleadora con más de 300.000 personas en nómina.

Los afectados por la extinción laboral son 22 antiguos trabajadores contratados por la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como la Faffe, investigada en la vía penal por enchufismo, y otro exempleado procedente de uno de los 95 consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) liquidados por el Ejecutivo socialista, según informaron a ABC fuentes de la Consejería.

En lo que respecta a los técnicos, la mayoría tiene un módulo de Formación Profesional aunque ocupa un puesto que exige un grado universitario. Algunos –los menos– ni siquiera habían cursado el Bachiller.

Con la disolución de la Faffe, meses antes de las elecciones andaluzas de 2012 que todas las encuestas vaticinaban que iba a ganar el PP –que al final no gobernó–, la Junta presidida por José Antonio Griñán aprobó la Ley de Reordenación del Sector Público. La norma, bautizada por los sindicatos como 'ley del enchufismo', posibilitó que en mayo de 2011 los 1.664 trabajadores de la Faffe no se quedaran en la calle sino que fueran absorbidos (subrogados) por el SAE conservando las mismas condiciones y salarios –en muchos casos más altos que los de los funcionarios– de los que venían disfrutando.

Así ha continuado la mayoría de ellos hasta que la Consejería de Empleo, dirigida por Rocío Blanco, puso en marcha un concurso de méritos para hacer fijos a 1.297 interinos de su agencia, dentro de un plan más amplio de estabilización ordenado por la Comisión Europea para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas.

El problema surge cuando, en pleno proceso para poner orden en la caótica amalgama de personal laboral heredado de la etapa anterior, la Consejería se percata de que hay 12 administrativos y 11 técnicos que no tienen la titulación requerida para desempeñar las tareas que llevan haciendo desde mayo de 2011. No pudieron acreditar con documentos los méritos necesarios para acceder a las plazas que se habían ofertado en el concurso convocado el 23 de diciembre de 2022, justo un día después del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Los sindicatos ejercieron una fuerte presión para que todos los interinos accedieran a un empleo fijo en la Administración y blindar de este modo sus puestos. El 29 de mayo de 2024 la Consejería de Empleo aprobó una resolución que estabilizaba a todos los interinos –520 de ellos procedentes de la Faffe–, incluyendo a los 23 que desempeñaban un trabajo para el que no estaban cualificados.

Pero la solución no era definitiva. Para andar sobre seguro en un terreno tan resbaladizo, en agosto de 2024, Empleo pidió dos informes al Gabinete Jurídico de la Junta con el objetivo de revisar la situación de los interinos sin titulación. La respuesta de los letrados autonómicos ha sido categórica: no se pueden mantener como personal fijo del Servicio Andaluz de Empleo quienes no cumplen el perfil académico requerido para el puesto. En un reciente dictamen, el Consejo Consultivo de Andalucía también ha respaldado la decisión de extinguir los contratos como sucede en cualquier relación empresario-empleado.

Una vez despejadas las dudas jurídicas, la Consejería de Empleo publicará la próxima semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva resolución que anula la anterior de 2024 y ordena retrotraer las actuaciones al punto de partida en lo que atañe únicamente a los 23 candidatos que no acreditan los méritos. Revoca el nombramiento de estos últimos. Aquellos que tengan a un sustituto en el puesto ofertado, un candidato que quedara en segunda posición, recibirán la carta de despido del SAE en los próximos días.

En cambio, quienes no tengan un reemplazo en el concurso de méritos, continuarán ocupando el puesto de manera transitoria hasta que se convoque un nuevo proceso selectivo que garantice la cobertura reglamentaria de la plaza, tal y como marca el Gabinete Jurídico. Si sus circunstancias no cambian cuando la agencia pública vuelva a ofertar los puestos, es decir, si no logran acreditar la titulación, serán también cesados en el momento que las plazas sean ocupadas por otros aspirantes que sí la tienen y puedan demostrarlo. Para éstos últimos, el despido puede llegar dentro de un año, el tiempo aproximado que puede tardar en resolverse el nuevo concurso-oposición que se va a convocar.

¿Qué sucede con el resto del personal procedente de la Faffe que accedió un empleo público sin superar un proceso selectivo? En principio, nada. La Asesoría Jurídica de la Junta sostiene que a posteriori no se puede cuestionar la legalidad de la contratación que se hizo en su origen por el organismo autonómico extinto desde mayo de 2011.

Cuando se hizo el traspaso de los 1.664 empleados de la Faffe, el Servicio Andaluz de Empleo asumió también sus obligaciones y derechos laborales. Por tanto, no tiene poder para instar a una ruptura de los contratos de más de un millar de extrabajadores de la Faffe que prestan sus servicios en las oficinas del paro, delegaciones provinciales y servicios centrales de la Consejería. Para ello habría de demostrar expediente a expediente que hubo un vicio de nulidad en la adjudicación de cada puesto. Y no es una tarea sencilla.

Los precedentes desaconsejan las decisiones salomónicas. En el año 2012, el Gobierno del PSOE echó a 800 agentes locales de empleo (Alpe) que trabajaban en los consorcios de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo y Tecnológico (Utedlt). Los tribunales condenaron a la Junta por despido improcedente. La jugada le salió cara a la Administración autonómica que tuvo que pagar indemnizaciones por un montante total de 80 millones de euros y fue obligada a readmitir a los agentes expulsados.