El juez examinará un informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia del SAS en la etapa del PP

En un auto dictado el pasado 10 de diciembre, al que ha tenido acceso ABC, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha rechazado un recurso de reforma presentado por el ex director gerente de la agencia pública sanitaria Diego Agustín Vargas Ortega que se oponía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para incluir dicho estudio en la causa al entender que no era de utilidad para la investigación. No lo consideran así los fiscales delegados en este proceso ni tampoco el magistrado instructor, que afirma «no se puede adelantar en este momento lo que resulte inútil o impertinente».

Su procedencia o no «derivará, por lógica, de su previo estudio y análisis, pero siempre referido, como no puede ser de otra forma, al concreto objeto de esta causa», añade el juez. Anticorrupción ya indicó que no habrá una «revisión general» de toda la contratación de la Junta de Andalucía, sino de una serie de contratos de emergencia, así como de sus prórrogas y resoluciones de ampliación de presupuesto sucesivas.

En este proceso están citados en calidad de «querellados» tres gerentes del SAS en la etapa de Gobierno del PP: la actual responsable, Valle García Sánchez, y sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Agustín Vargas, tras una denuncia presentada el 20 de junio pasado por los 30 diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. En su querella adviertieron de que dichas adjudicaciones directas, sin publicidad ni libre concurrencia, se realizaron cuando ya había decaído la norma que justificaba dicha fórmula de contratación urgente y excepcional con motivo de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del covid.

La Fiscalía Anticorrupción ha acotado el objeto de esta investigación. A través de un escrito presentado el 3 de diciembre pasado solicitaba al juez desestimar el recurso del referido ex responsable del SAS al entender que dicho informe podría resultar de utilidad para las pesquisas. El Ministerio Público argumentaba que se trata de determinar si «específicamente» la tramitación de los contratos de empresas y clínicas privadas de manera directa, así como las sucesivas prórrogas y modificaciones del presupuesto realizadas durante 2024 que se plasmaron en resoluciones y contratos singulares firmados por distintos directores gerentes del SAS, «han sido injustamente contrarios a la legalidad».

El Juzgado esgrime en su auto que, como indica la Fiscalía, tras la declaración de la pandemia de covid en marzo de 2020, «el Servicio Andaluz de Salud comenzó a contratar con empresas privadas externas una inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que debieron prestarse por la sanidad pública».

Al amparo de la crisis sanitaria, la agencia de la Junta recurrió al «procedimiento excepcional de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre». Aplicando este sistema, el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno andaluz «sustituyó el control previo del gasto público correspondiente a los expedientes de gasto tramitados por el procedimiento de emergencia que hacía la Intervención Central del SAS por el control financiero permanente», relataba la Fiscalía.

Los fiscales delegados de Anticorrupción que se han hecho cargo de esta investigación aclaran que ésta se centra en «unos concretos hechos de apariencia delictiva» referidos al empleo de la fórmula de emergencia en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre «procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas».

El magistrado recuerda que el 20 de enero de 2021, el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, quien en julio de 2022 fue nombrado viceconsejero de Salud, autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia. A partir de dicha resolución se dictaron otras posteriores y se firmaron contratos singulares «no ajustándose, según señala la Intervención General de la Junta de Andalucía, el carácter de emergencia derivada del covid-19» a estas prestaciones encargadas por los servicios centrales del SAS.

Anticorrupción argumentó que se habría utilizado «de forma inadecuada» el procedimiento de emergencia en lugar de otro sistema que permitiera «concurrencia y competencia entre empresas». Estas resoluciones y contratos fueron dictados y suscritos por los tres directores gerente del SAS denunciados por el PSOE y citados en la causa que abarca «el periodo temporal de 2021 a 2024».

Los fiscales mencionaron un expediente de contratación para realizar procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas y las sucesivas resoluciones para ampliar el presupuesto o prorrogar los trabajos, que están fechadas entre enero de 2021 y diciembre de 2022. El importe total del citado expediente asciende a 899.949 euros. Amparados en estas resoluciones, la Fiscalía señala que se hicieron contratos de servicios con empresas concretas «sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria».

Entre los referidos contratos aparece la segunda fase de las obras de remodelación del Hospital Militar Vigil de Quiñones en Sevilla en 2021. El Gobierno andaluz convirtió en un centro sanitario de emergencias durante la pandemia después de siete años de abandono por parte de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía también puso bajo sospecha nueve contratos realizados entre enero y julio de 2024 con empresas privadas que suman 24.688.878 euros. «Según su tenor literal, estos últimos contratos suscritos en 2024 son adjudicados por resolución del 20 de enero de 2021» para modificar el presupuesto máximo de los mismos para la prestación de asistencia médica, diagnóstica y terapéutica para pacientes del SAS que reciben tratamiento contra el cáncer.

En el recurso desestimado ahora por el juzgado, el exdirector del SAS Diego Agustín Vargas rechazaba la petición de la Fiscalía para incluir «papeles de trabajo» y «los sucesivos borradores» elaborados por el equipo de auditores y técnicos que realizó el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de la Junta tras la declaración de la pandemia en el año 2020. El Ministerio Público, en cambio, consideró que dicha documentación era «idónea» para «los fines» de la instrucción. Así lo cree también el juez Javier Santamaría. Contra su desestimación cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.