Centro de acogida de inmigrantes en Armilla: estas son las claves para entender la polémica

Voces que llegan incluso desde las filas del PSOE, el partido que está al frente del Gobierno central. En Armilla, de hecho, también mandan los socialistas, apoyados por Izquierda Unida, pero eso no ha impedido que esas dos formaciones suscribieran este lunes 8 de abril una declaración institucional junto a Vox y PP, los otros dos grupos locales.

Es curioso, pero en Alhendín, otro municipio situado junto a la base, esa unanimidad no se produjo. En un pleno extraordinario y monográfico celebrado el pasado 4 de abril, los socialistas no votaron ni a favor ni en contra, sino que se abstuvieron. Y eso que Alhendín es el sitio donde parecen tener más claro que, aunque el Gobierno hable de «posibilidad», ya habría tomado una decisión definitiva.

¿El motivo? Ese mismo día, el 4 de abril, la empresa pública Tragsa notificó al consistorio, a través del registro de entrada, la realización de obras en este espacio municipal en dos fases: la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento en atención a las personas llegadas a las costas españolas. Política de hechos consumados, como se suele decir.

Pese a eso, desde la Subdelegación del Gobierno en Granada -que se está pronunciando casi a diario sobre la cuestión- se sigue insistiendo en que no hay nada ultimado. Se desliza también la idea de que las instalaciones para los inmigrantes son «absolutamente necesarias y urgentes», porque se trata «de una cuestión de atención humanitaria, de derechos humanos, de tratar a unas personas en unas condiciones de dignidad, y eso no puede esperar meses», según afirmó el subdelegado, José Antonio Montilla.

Unas palabras que, obviamente, no tranquilizan ni a los ayuntamientos ni a los vecinos. En Las Gabias, Churriana de la Vega y Ogíjares está previsto que haya pronunciamientos oficiales contra el campamento. En todos los casos se alega los posibles problemas de hacinamiento, insalubridad, seguridad y convivencia que puede generar, además de la falta de diálogo a la hora de determinar el emplazamiento y el presunto incumplimiento de las normas urbanísticas de la zona, que califican el suelo como rústico.

Esos mismos argumentos -insalubridad e inseguridad, entre otros- son los que esgrimen los vecinos de las cinco poblaciones mencionadas y que se han unido en el colectivo Asociación Vecinal Base Aérea y que el pasado domingo 7 de abril organizaron una manifestación de protesta que congregó a entre 500 y mil personas bajo el lema 'No al campamento, no al hacinamiento'.

Silvia Fuentes, una de las portavoces de ese colectivo vecinal, aporta más motivos para sustentar la oposición, como la cercanía al futuro (o hipotético) campamento de dos colegios, uno de ellos a menos de cien metros, o a la previsible masificación. «En otros lugares que tenían una capacidad para 1.200 personas sabemos que se ha cuadruplicado esa cifra», resalta.

Ni los vecinos ni los ayuntamientos que por ahora se han pronunciado quieren que se les asocie bajo ningún concepto con la xenofobia, el racismo o el rechazo al que llega. «Somos un municipio solidario», significan desde el Ayuntamiento de Armilla. «Los problemas de falta de salubridad no sólo serían para nosotros, también para ellos», apostilla Silvia Fuentes.

En su pleno extraordinario, el Ayuntamiento de Alhendín dejó claro que no sólo se opone al campamento sino que hará todo lo que esté legalmente en su mano para impedir que se haga nada en una zona para la que, según subrayó su alcalde, Francis Rodríguez, las normas urbanísticas prohíben una actuación de ese tipo.

Francis Rodríguez, además de alcalde de Alhendín, es también el presidente provincial del PP, partido que ha exigido al Gobierno en el Congreso de los Diputados, por medio del parlamentario Carlos Rojas, que se pronuncie de manera clara. La respuesta aún no ha llegado.