El Gobierno en funciones de Sánchez tramita ya los indultos a los ex altos cargos socialistas condenados por el caso ERE

La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del departamento que dirige la ministra en funciones Pilar Llop, ha dirigido un oficio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dictó la sentencia firme del caso ERE el 19 de noviembre de 2019, para solicitarle «un informe respecto de la petición de indulto» de cada uno de los penados.

La decisión ha trascendido ahora porque el tribunal sentenciador ha emitido distintas diligencias, fechadas el 28 de septiembre pasado, a las que ha tenido acceso ABC, en las que se informa a los penados de que el Gobierno les ha instado a entregar dicho informe «a fin de llevar a cabo la tramitación oportuna». Contra dicha decisión, detalla la resolución, se puede imponer un recurso de reposición en el plazo de tres días desde el siguiente a la notificación de la misma.

Además de Griñán, que tiene suspendida la pena de seis años de prisión por la enfermedad grave que sufre, han solicitado indultos parciales para evitar el cumplimiento de las penas los abogados que representan a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández García, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos están condenados en firme después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.

Tras recibir el oficio del Ministerio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acuerda en una providencia incluida en la misma resolución, formar «expediente de indulto, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 1870 reguladora de la gracia». Para ello, solicita la «hoja histórico-penal» de cada uno de los condenados que ha solicitado indulto, así como la «certificación de la sentencia dictada y de la liquidación de condena practicada en la misma o informe de conducta en su caso».

Del mismo modo, la sala resuelve llamar para que se manifieste cada perjudicado «sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto» y da orden de que una vez reunidos todos estos «despachos», «pase el expediente al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe» sobre las solicitudes de perdón.

La ministra en funciones de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado la noticia avanzada por ABC. Ha argumentado que «los indultos y, en este caso el de Griñán, se tramitan como todos, se les ha dado el mismo curso que a todos, ahora están en fase judicial y seguirá también su tramitación ordinaria». Desde el Gobierno puntualizaron de que los indultos empezaron a tramitarse poco antes de las elecciones generales del 23 de julio, conforme va tocando a las distintas peticiones, por lo que ni se han acelerado ni paralizado los expedientes de los condenados de los ERE.

Llop ha puntualizado a los periodistas que le han preguntado por este asunto que «cuando el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos pero se tramitan igual que todos, y estos están en fase de tramitación como cualquier otro».

El caso ERE está considerado uno de los principales casos de corrupción institucional que se ha investigado en España, con una cuantía defraudada que asciende a 679.432.179,09 euros. Es el volumen del dinero desviado a lo largo de una década (2000-2009) por los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

La medida de gracia del Gobierno permitiría salir de la cárcel a todos ellos, menos al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán, el único ex alto cargo autonómico condenado a una pena de prisión de seis años que no ha pisado la cárcel ni la va a pisar en los próximos cinco años. La Audiencia de Sevilla suspendió por dicho periodo la ejecución de la pena impuesta a Griñán, de 77 años, debido al cáncer que padece, diagnosticado en diciembre de 2022.

Hasta el momento, siete ex altos cargos socialistas han dormido en una celda para cumplir su castigo judicial. Son los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

Tampoco ha pisado la prisión el exdirector de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras, sustituto del fallecido Francisco Javier Guerrero, pero por motivos diferentes a los de Griñán. El tribunal accedió a dejar en el aire el cumplimiento de la medida privativa de libertad «mientras se tramita el indulto» y por el plazo de un año, puesto que su pena, inferior al del resto de condenados, fue rebajada a tres años por el Tribunal Supremo en la sentencia notificada el 14 de septiembre pasado .

El último en entrar en un centro penitenciario fue Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía desde 2004 a 2010, después de agotar todos los recursos legales a su alcance para evitar la pena privativa de libertad.

Barberá no consiguió convencer al tribunal para evitar su encierro tras alegar que padece un sarcoma de partes blandas (un tipo poco común de tumor maligno). La Audiencia de Sevilla consideró que podía ser tratado dentro del centro penitenciario. Resignado, el exviceconsejero cruzó la puerta de la prisión del Puerto III el pasado jueves 6 de abril, en plena Semana Santa. Desde entonces duerme en una celda del módulo de respeto, donde ingresan los presos con mejor comportamiento, que no suelen llevar a sus espaldas delitos de sangre.

Noticia Relacionada

Griñán renuncia a pedir al Constitucional que suspenda su entrada en prisión por el caso ERE pero mantiene su recurso

ABC de Sevilla

El expresidente de la Junta de Andalucía fue eximido de ir a la cárcel por la Audiencia de Sevilla debido al cáncer de próstata que padece

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que al igual que Griñán padece un cáncer de próstata, no evitó su ingreso en la prisión de Huelva el pasado 2 de enero. Meses después, en junio pasado, Instituciones Penitenciarias le ha concedido el tercer grado, lo que significa que ya no tiene que dormir en una celda. Allí ha permanecido hasta el pasado 9 de junio, cuando la cárcel trasladó su expediente al centro de inserción de Huelva, que actualmente ejerce un control sobre el penado.

En paralelo a las peticiones de indulto, los condenados han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó las penas de los principales acusados, porque consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales. El 26 de septiembre pasado, el Constitucional acordó por unanimidad denegar la suspensión de la pena de prisión a siete de los condenados en la pieza principal de la causa de los ERE de Andalucía.

Los magistrados justificaron su negativa a esta medida cautelar amparándose en la propia jurisprudencia del TC, en virtud de la cual no procede esta suspensión en penas superiores a cinco años y más aún sin que haya una razón por encima del interés general que, «en un caso como éste, presenta la ejecución» de una condena firme.

El Pleno del TC puso de relieve la gravedad de la pena y trascendencia social de los hechos enjuiciados, que operan como «parámetros decisivos» para no acceder a la suspensión. Los recurrentes, recuerdan los magistrados, fueron condenados por delitos continuados contra la Administración Pública «cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma».