Griñán renuncia a pedir al Constitucional que suspenda su entrada en prisión por el caso ERE pero mantiene su recurso

La entrada en prisión del expresidente, de 77 años, ya fue suspendida en junio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la sala que dictó la sentencia del caso ERE el 19 de noviembre de 2019. Dicho aplazamiento se impuso por un periodo de cinco años para tratarse el cáncer de próstata que tiene diagnosticado desde diciembre de 2022.

Los magistrados accedieron a adoptar esta medida excepcional solicitada por el abogado del expresidente después de que la médica forense desaconsejara su ingreso penitenciaria apelando a un artículo del Código Penal (el 80.4) que abre la puerta a suspender la ejecución de una condena firme a los penados que tienen una enfermedad «muy grave» con «padecimientos incurables». La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a dicha medida.

La nueva decisión adoptada por la defensa de Griñán se produce después de que el Constitucional rechazara las medidas cautelarísimas solicitadas por el exdirigente socialista y los demás condenados que habían pedido amparo a la corte de garantías tras la admisión a trámite de sus recursos.

Las fuentes jurídicas apuntan que en el Pleno que se celebrará la próxima semana se estudiarán tanto el desistimiento de Griñán como las medidas cautelares que sí mantienen los otros recurrentes.

Respecto a éstos, cabe recordar que el TC no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad por tratarse de condenas «graves». Así las cosas, las referidas fuentes avanzan que lo más probable es que las medidas cautelares se desestimen.

Una vez resuelto este trámite, los recursos de amparo --el de Griñán incluido-- seguirán su recorrido en el TC, al que ya solo le quedará resolver sobre el fondo del asunto en base a las ponencias confeccionadas por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán.

Además de Griñán, impugnaron la sentencia el también ex presidente andaluz Manuel Chaves, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrias, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.

Actualmente, seis ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía están cumpliendo su condena por este fraude. El último en cruzar la puerta de la prisión fue Agustín Barberá Salvador, viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre abril de 2004 y marzo de 2010, que ingresó en el centro penitenciario de El Puerto III el pasado Jueves Santo después de que el mismo tribunal le denegara suspender la pena tras alegar que sufre un sarcoma de partes blandas (un tipo poco común de tumor maligno).

José Antonio Viera se convirtió el primer preso del caso de los ERE fraudulentos que obtiene un régimen penitenciario más favorable, el tercer grado, debido a la «enfermedad muy grave» que padece, lo que le permite no dormir en la prisión.