Europa subraya la falta de recursos en seguridad en el suroeste de Andalucía
A los eurodiputados, «conmovidos y sorprendidos» por el caso Barbate, les preocupa la situación de los agentes
El Estado minimiza el problema al aludir a una criminalidad «por debajo de la media» e incrementos de plantillas
La comisión de eurodiputados concluye la «misión» de análisis en seguridad
Tres días han sido suficientes para que la delegación de eurodiputados enviada al suroeste andaluz concluya que existe una necesidad de mejorar las condiciones de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que los recursos destinados no son suficientes ... para oponer resistencia a la situación que el narcotráfico impone en la zona. Esas han sido las dos opiniones más escuchadas por los europarlamentarios durante las entrevistas llevadas a cabo con «autoridades locales, regionales y estatales», así como con agentes de la Policía y la Guardia Civil y ciudadanos oriundos.
Así lo explicó ayer Bogdan Rzońca, presidente de la delegación de la comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, durante una atención a medios celebrada en la sede de la Secretaría General de Interior de la Junta, en Sevilla, en la que reconoció que casos como el de la «dramática muerte de los dos guardias civiles» en Barbate les habían «conmovido enormemente y sorprendido muchísimo».
Ese ha sido otro de los puntos clave de la visita a la Janda, al Campo de Gibraltar y a Sevilla: poder tratar directamente con familiares de víctimas o ciudadanos de a pie para conocer una versión no institucional.
Junto al polaco Rzońca —del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos—, en la rueda de prensa estuvieron los otros nueve eurodiputados, entre los que se cuentan cinco 'miembros acompañantes españoles': Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido, Lina Gálvez, Mireia Borrás y Nora Junco.
El grupo coincidió en rechazar la «disonancia» que se da a menudo entre las condenas y la gravedad de los hechos criminales. Rzońca lo ejemplificó con el caso de un delincuente que entre en la cárcel por atropellar a un policía y, poco tiempo después, queda en libertad y además sale del centro penitenciario «como un héroe, jaleado por sus familiares».
El presidente de la delegación, que insistió en el interés último de la UE de que «todos sus ciudadanos vivan en un espacio de seguridad», recordó que este servicio de peticiones, a través del cual han conocido la compleja realidad del Campo de Gibraltar, está abierto a escuchar a cualquier europeo con algo que aportar. En ese sentido reconoció que habían recabado un gran volumen de información «rica y válida» que trasladarán, en forma de conclusiones, al Parlamento Europeo para que se puedan tomar medidas.
Eso sí, también refirió lo que parecían entender como una paradoja: mientras los ayuntamientos se quejan de que adolecen de recursos para seguridad y luchar contra el narcotráfico, «desde el Gobierno aseguran que las autoridades locales tienen una mayor asignación» en este ámbito.
Oídos «regalados»
La sesión de comunicación de conclusiones concluyó dejando casi más dudas que certezas. No en vano emplazó a la lectura por parte de la delegación de todo el material obtenido en la «misión». Tampoco se abordó una cuestión recurrente como es la viabilidad —o no— de declarar esta parte de Andalucía como una Zona de Especial Singularidad y blindarse en consecuencia.
La comparecencia generó incluso incredulidad. La Confederación Española de Policía (CEP) —una asociación representativa de sus profesionales con más de dos décadas de trayectoria— aseguró que los europarlamentarios les habían «regalado bastante los oídos» y confiaban en que los potenciales apoyos cristalizasen. «Esperamos que las promesas realmente se cumplan y los policías europeos seamos lo que se necesita, que sea profesión de riesgo, tenga una jubilación digna y por supuesto, que agredir a una gente en cualquier parte de Europa sea considerado un eurodelito», explicó el secretario de organización del CEP, Raúl Domingo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, trasladó también ayer su «máximo respeto y apoyo» a cualquier medida europea que mejore las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, el socialista rebajó la gravedad del discurso compartido entre los eurodiputados y los distintos estamentos de la zona al asegurar que la tasa de criminalidad en la región se encontraba, según los datos más recientes, 2,5 puntos «por debajo de la media nacional», con 38,5 delitos por cada 1.000 habitantes en la comunidad, y que en el caso concreto de Barbate, se cometían 26 delitos por la misma proporción. Esto «pone de manifiesto que no hay una situación de criminalidad, y mucho menos que esa criminalidad sea superior a la media española. Porque es todo lo contrario, está muy por debajo».
De hecho, puso el acento en el «compromiso firme e inequívoco» del Estado para proseguir con el Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, de forma que sus vecinos «puedan sentirse cada vez mucho más seguros». Por ello, recordó los «166 millones de euros» invertidos desde 2018 y el «incremento exponencial muy importante de las plantillas» policiales y de la Benemérita: «3.000 efectivos más».
Con todo, pidió a la UE reforzar Andalucía como frontera sur del continente y que haya una visión europea del narcotráfico, pues éste «no entiende ni de municipios, ni de territorios ni Estados».
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