El delegado del Gobierno en Andalucía pide tener una visión europea del narcotráfico, pues «no entiende ni de territorios ni Estados»

«Es un fenómeno internacional que exige una colaboración y cooperación permanente y continua con el resto de países en el ámbito de organismos internacionales», ha argumentado Fernández en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desplazada a Cádiz y Sevilla para evaluar la situación de estos efectivos de seguridad.

En ese sentido, ha afirmado que desde el Gobierno de España «sigue habiendo ese compromiso firme e inequívoco» para continuar con el Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar y que la población «pueda sentirse cada vez mucho más segura», apelando además a la Junta para que complemente estas acciones con iniciativas en el ámbito social, de la educación, de la formación y del empleo, considerando que «eso es lo que hace que un territorio pueda integrarse y, en este caso concreto, no quede sometido a la fuerza o a las garras que tiene el narcotráfico».

En la reunión, Fernández ha trasladado a la delegación europea cuál es la visión que hay de Andalucía respecto a las Fuerzas de Seguridad, en especial en el Campo de Gibraltar, al ser «uno de los motivos por los que se había desplazado esta comisión hasta los municipios de Barbate y Algeciras«.

Así, se les ha ofrecido datos recientes de criminalidad en Andalucía, donde el delegado del Gobierno ha apuntado que esta tasa se sitúa 2,5 puntos «por debajo de la media nacional», con 38,5 delitos por cada 1.000 habitantes en la comunidad.

Además, ha expuesto que en Barbate, donde hace un año fallecieron dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha, la tasa de criminalidad está en 26 delitos por cada 1.000 habitantes, lo cual, ha añadido, «pone de manifiesto que no hay una situación de criminalidad, y mucho menos que esa criminalidad sea superior a la media española, porque todo lo contrario está muy por debajo».

Esto, según ha dicho, no significa que el Gobierno no se preocupe por la situación que se vive en la zona por la actividad que se desempeña vinculada al narcotráfico, al ser «una de las entradas principales a Europa a través de la frontera sur«, que »es lo que representa precisamente Andalucía, concretamente la provincia de Cádiz, también la provincia de Huelva y otras provincias en las que se ha ido ampliando el plan«.

Al respecto de este Plan Especial, ha apuntado datos como los «166 millones de euros» invertidos desde 2018 hasta ahora, que repercute en «un incremento exponencial muy importante de las plantillas» de Policía Nacional y Guardia Civil, con «3.000 efectivos más de agentes en este periodo de tiempo» y «recuperando un déficit que existía con la anterioridad».

En cuanto a los medios marítimos de la Guardia Civil, Pedro Fernández ha explicado a los eurodiputados que se cuentan con «28 patrulleras que existen en este momento de distintas dimensiones, cinco de ellas de un tamaño importante« y que pueden alcanzar los »60 nudos de velocidad«, algo que como ha aseverado, es »un instrumento que está proporcionado a la capacidad de luchar contra las narcolanchas que utiliza la mafia para operar en nuestras costas«.

Tras enumerar los 35.000 operativos desarrollados contra el narcotráfico, con casi 26.000 detenidos en estos años, el delegado ha indicado que estas operaciones «ponen de manifiesto que hay una presión que ha hecho que efectivamente se haya diluido -la actividad del narco en la provincia de Cádiz- y se haya expandido hacia otras zonas diferentes a los puntos principales en los que venían trabajando las mafias», como son Huelva o el río Guadalquivir hasta Sevilla.

Además, ha afirmado que la presión policial, con patrulleras en esas zonas, está sirviendo para que haya ido «decreciendo esa presencia de narcolanchas».

En su intervención, Fernández no ha querido olvidarse de los familiares de David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles fallecidos en Barbate, mostrando su «absoluta solidaridad y comprensión» hacia ellas y valorando el hecho de que «los cuatro supuestos y presuntos autores de este crimen, de este execrable hecho, están puestos a disposición judicial», algo que da «garantía a la población» de que «efectivamente se está actuando y se está deteniendo a los autores de los distintos delitos».

Sobre el contenido de la petición, remitida a la Comisión por un integrante de la Confederación Española de Policía, ha recordado que esta solicitaba considerar como profesión de riesgo el trabajo de las Fuerzas de Seguridad de la UE y establecer como «eurodelito» las agresiones a los agentes, estableciendo con ello penas mínimas.

En ese sentido, ha admitido que la Comisión «lo ha centralizado en este caso en concreto en el Campo de Gibraltar, pero ciertamente la petición se refiere a todo el conjunto de Europa».

Así, ha recordado que por parte del Gobierno de España hay «consideraciones» respecto al concepto de «peligrosidad», que «propicia que a nivel salarial haya un incremento del 38% desde el año 2018«, así como desde el punto de vista de »descanso vacacional y la posibilidad de la jubilación anterior a los 65 años mediante la reserva«.

No obstante, ha señalado el delegado que ha trasladado a la misión que «todo lo que se pueda avanzar a nivel europeo para seguir mejorando la situación, las condiciones de la policía en su conjunto, evidentemente vamos a estar ahí para que, si finalmente lo considera bien la Comisión Europea, que es quien tiene la competencia y así lo determina, pueda dictarle al Parlamento Europeo que legisle sobre ese asunto«.