La UCO descubre que a una concejal del PSOE le guardaron el enchufe en la Junta de Andalucía tras cerrar la Faffe

Su dedicación como cargo público hasta el 11 de junio de 2011, más de un mes después de la extinción de la Faffe, no le impidió acceder a un empleo público en la Administración andaluza. El Ejecutivo socialista guardó a la concejal investigada un puesto en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). A pesar que había pasado más de un mes desde la disolución de la Faffe, García López se reincorporó directamente al SAE «sin haberse encontrado entre la documentación analizada el nuevo contrato laboral».

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Antonio R. Vega

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El texto entrecomillado aparece en el atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 14 de mayo al juez instructor de la macrocausa de Faffe, José Ignacio Vilaplana, que investiga el enchufismo de 84 empleados de la fundación, que se liquidó sin justificar todas las subvenciones millonarias que había recibido. Se trata de una pieza judicial del rompecabezas del fraude de la formación que se abrió a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra personal de la Faffe con vínculos familiares con cargos socialistas.

Como ella, más de 1.660 trabajadores de la fundación siguieron a sueldo de la Junta tras la desaparición de esta entidad, que se convirtió en una agencia de colocación para familiares y allegados a dirigentes y cargos públicos del PSOE y la Junta de Andalucía.

Una nebulosa rodea el contrato de la fuera primera teniente de alcalde del Ayuntamiento palmeño y delegada de Desarrollo Económico, Agricultura, Turismo, Festejos y Nuevas Tecnologías. En su expediente faltan documentos.

La relación laboral de Natividad Isabel García López se remonta al 21 de enero de 2004, cuando formalizó un contrato con la categoría de técnico con nivel F que debía finalizar el 20 de julio del mismo año. Su cometido en la Faffe consistía en «prestar apoyo técnico para la coordinación y evaluación de los equipos de las oficinas del SAE, así como el mantenimiento de los recursos necesarios para la correcta realización de las funciones de dichos equipos». Aunque el contrato tenía una duración determinada, no cesó en la fecha prevista «sino que permaneció de alta en la Faffe hasta el 1 de diciembre de 2005, momento en el que solicitó una excedencia voluntaria, presumiblemente, tras ser elegida como edil del Ayuntamiento de Palma del Río», relata la Policía Judicial.

La edil socialista volvió a ser fichada por la Faffe el 13 de diciembre de 2010 por un periodo de 38 días. De nuevo cesa en la fundación para incorporarse al ayuntamiento, «sin que conste dentro de su expediente de contratación escrito alguno que justifique este cese», por lo que la UCO sospecha que podría haber pedido otra excedencia por un corto periodo de tiempo.

El 11 de junio de 2011, tras las elecciones municipales en la que concurrió en la candidatura del PSOE, García López deja el Consistorio y tan cuatro días después pasa a ser trabajadora de la agencia de la Junta que gestiona las oficinas de empleo, «ya que en ese momento la Faffe estaba extinta».

Su primer contrato en la citada fundación —del segundo no ha documentación— «habría sido discrecional y, por tanto, vulnerándose las garantías legales», concluye el Instituto Armado. No se convocó ni hubo un proceso de selección con distintos candidatos al puesto. La entidad dirigida por Fernando Villén Rueda, que fue secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz (2008-2010), estaría saltándose la ley de fundaciones públicas de 2002, que estipulaba que cada empleo debe ofertarse a través de una convocatoria.

Éste no fue el único trato de favor que recibió la teniente de alcalde socialista de Palma del Río. Estuvo percibiendo un complemento salarial o sobresueldo «totalmente discrecional» de 192,85 euros al mes que no figuraba en el convenio colectivo y que se justificó por que tenía un título universitario como licenciada en Psicología. Un compañero suyo que estaba adscrito como ella a la Gerencia de Córdoba también poseía titulación académica, pero no recibió ningún plus salarial, precisa la Guardia Civil.