La fundación de empleo de la Junta de Andalucía Faffe enchufó a dos cuñados, un sobrino y la mujer de su director

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que al menos cuatro de ellos —todos a excepción su hermano, que fue director de Administraciones Públicas de la Faffe— fueron enchufados, es decir, la fundación pública los contrató «sin la realización de prueba de selección alguna», tras someterse, a lo sumo, a una entrevista personal con responsables y subordinados del propio Villén. El enchufe se convirtió en la llave que les abrió las puertas no sólo de la Faffe sino del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia pública de la Junta que gestiona las oficinas del paro en la comunidad autónoma, donde la mayoría de ellos siguió trabajando tras la disolución de la Faffe el 2 de mayo de 2011. José Antonio Griñán (PSOE) mandó «fumigarla» cuando llegó a la Presidencia de la Junta, pero se comprometió a mantener a sus 1.664 trabajadores.

Los detalles de las contrataciones de los familiares de Villén Rueda aparecen en un atestado de 719 páginas que la UCO entregó el pasado 14 de mayo al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga cómo la Faffe se convirtió en una agencia de colocación para familiares y allegados a dirigentes y cargos públicos del PSOE andaluz y la Junta de Andalucía. El detonante de esta causa fue una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra 84 empleados con nexos familiares. La mayoría de ellos fueron contratados «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento, convocatoria de ningún tipo, ni observancia de los principios de mérito y capacidad» que deberían regir en una entidad pública, concluyen los agentes.

Este particular modus operandi, que choca con las rigurosas pruebas a las que se someten los aspirantes a funcionario, se cumplió también en los casos de los cuñados del ex director general de la Faffe, Antonio José y María del Rosario Ben Fernández; su esposa, Concepción Ben Fernández, y su sobrino, Manuel Villén Nogués, quien a su vez era el hijo de Manuel Villén Rueda. Con una cualificación profesional de «técnico de gestión» y un título de Bachillerato, el hermano del director de la Faffe ejercía tareas asimilables a las de un funcionario sin serlo en una fundación que llegó a recibir 252 millones en subvenciones entre ayudas excepcionales para cursos de formación, programas de inserción laboral y encomiendas de gestión de la antigua Consejería de Empleo, de la que dependía.

Tras analizar el fichaje del sobrino del que fuera máximo responsable, la Guardia Civil considera que el «elemento motivador de la contratación» fue la «relación de parentesco» con Fernando Villén. Menos de tres años después de obtener la Diplomatura de Turismo por la Universidad de Cádiz, el 8 de enero de 2008, el investigado Manuel Villén Nogués entró a trabajar en la Faffe como técnico de nivel F con un contrato temporal con el objeto de realizar «labores técnicas en el desarrollo de las acciones dirigidas a la modernización y mejora de los servicios de intermediación». Anteriormente había trabajado un año para la sociedad Proyempleo SL, un proveedor de la fundación que también está siendo investigada por el juzgado.

Su acceso a la Faffe le sirvió de puente para ser empleado por el SAE cuando se extinguió la fundación. Según la UCO, consiguió el empleo público «de una manera arbitraria, al no haberse llevado a cabo un proceso de selección donde se hubieran tenido en cuenta los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades contenidos en los diferentes convenios colectivos de la Faffe y en la normativa relativa a fundaciones públicas».

Las dos contrataciones que la extinta fundación de formación hizo a Antonio José Ben Fernández, cuñado de Villén, también «habrían sido discrecionales». Los investigadores de la Policía Judicial distinguen dos etapas. Su irregular relación laboral con la Faffe empieza el 15 de junio de 2009 cuando firmó un contrato como docente de un curso de formación organizado por la empresa Gadir Solar para la fabricación de paneles solares dentro del plan de formación subvencionado por el Gobierno socialista destinado a extrabajadores de Delphi, la desaparecida planta de automoción de Puerto Real (Cádiz). El curso en cuestión «no se llevó a término por motivos ajenos a la Faffe». Aun así, el cuñado del director del ente público fue contratado en lugar de otro candidato al puesto que había obtenido «la mayor calificación en el proceso de selección», destaca la UCO.

El segundo contrato de la Faffe, suscrito el 24 de agosto de 2009, fue todavía más anómalo. La fundación lo puso a dirigir un equipo de cinco personas en el Centro de Formación para el Empleo Ciudad del Transporte enfocado también a exempleados de Delphi sin convocar una oferta de trabajo ni realizar ningún proceso selectivo. En octubre de 2010 «cesan todos sus compañeros por fin de contrato, pero él aún sigue contratado por la Faffe, quedándose como responsable de dicho centro» en la provincia de Cádiz, a pesar de que ya no tenía personal a su cargo. «Su puesto se había quedado vacío de contenido», advierte el informe policial.

La mujer de Villén, Concepción Ben Fernández, licenciada en Filología Clásica, fue beneficiaria con cuatro contrataciones «arbitrarias» desde noviembre de 2003 hasta la extinción de la Faffe en 2011. A pesar de que había trabajado anteriormente en el Fondo Promoción de Empleo, un organismo estatal que fue el germen de la fundación autonómica, la UCO subraya que no se sometió a ningún proceso selectivo y dos de los contratos ni siquiera figuran entre los documentos intervenidos. En el año 2007, pasó automáticamente del nivel D como técnico al nivel A sin que se hubiera convocado una promoción interna. Antes, en 2005, su contrato se había transformado en indefinido cobrando unas retribuciones de 1.847,16 euros brutos mensuales.

El nepotismo es un episodio más en una larga estela de desmanes que ha dejado tras de sí la gestión de Fernando Villén al frente de la Faffe. En septiembre de 2023, la Audiencia de Sevilla le impuso seis años de cárcel por haber pagado 32.556 euros en prostíbulos con tarjetas oficiales durante diez noches entre 2004 y 2010. El pasado abril, le cayó la segunda condena de tres años y medio de prisión por contratar al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres, quien ganó casi 360.000 euros de sueldo sin acudir a trabajar.