La Guardia Civil destapa que la Faffe pagaba sobresueldos a enchufados del PSOE con cargo a fondos públicos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado empleados enchufados «que habrían estado cobrando un suplemento salarial que no estaría recogido en los correspondientes convenios colectivos de la Faffe». Así lo ha plasmado la Policía Judicial en un informe de 719 páginas entregado el 14 de mayo pasado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la contratación de 84 personas con «vínculos familiares o de amistad» con personas que ocuparon cargos relevantes en la propia fundación, en el PSOE o en la Administración de la Junta de Andalucía.

El detonante de esta investigación, surgida del frondoso árbol de corrupción del caso Faffe, fue una denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en el año 2020.

Entre las montañas de documentos analizados, los agentes no han encontrado «ninguna referencia a una justificación» de los complementos abonados a algunos trabajadores con cargo al presupuesto de la fundación. En los ocho años que la Faffe estuvo funcionando (2003-2011) recibió alrededor de 300 millones de euros de subvenciones de la Junta para financiar actividades formativas. La UCO identifica a al menos ocho investigados que habrían estado percibiendo un complemento salarial que «no estaba contemplado en la normativa vigente» y cuya cuantía varía entre los 192,85 y los 443 euros al mes, aparte de las retribuciones estipuladas en el convenio de acuerdo a la categoría profesional de cada uno de ellos.

Cobraron 'sobresueldos' de 440,08 euros al mes Natalia Buzón García, actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y secretaria general de la agrupación Cerro Amate en la capital, y Manuel Aguilar Germán, exsecretario de Empleo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba y exdirigente de UGT. Natividad Isabel García López, que fue primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) con el mismo partido, percibió otro suplemento de 265,43 euros mensuales. Ana Isabel López Cansino, miembro de la candidatura que los socialistas presentaron en las elecciones municipales de 2003 en Córdoba capital, cobró 192,85 euros, una cuantía casi idéntica a la de Antonio Expósito Pérez, a quien el sindicato denunciante emparenta con un mando de UGT. También obtuvieron un suplemento retributivo mensual de 443 euros María Luisa Bernal Bernal, exsecretaria de Acción Sindical de UGT en Cádiz, y de 440,08 euros en el caso de Alfonso José Blanco Ruiz. Su aplicación habría sido «arbitraria», según especifica el informe policial.

Este último empleado estaba a sueldo de la Faffe, pero en realidad se dedicaba a asesorar y llevar la agenda de Antonio Fernández García, consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y de quien dependía la fundación como presidente del patronato. Blanco Ruiz había sido fichado para «realizar labores técnicas para la asistencia que presta la fundación a la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo», por lo que los fondos públicos se habrían destinado «a un fin diferente al estipulado» en su contrato. La UCO sospecha que la Junta de Andalucía, a través de la Faffe, «habría desviado aproximadamente 91.252,01 euros correspondientes con el salario percibido por el investigado» durante el periodo que fue asesor del consejero.

Como las normas de la fundación no contemplaban un segundo sueldo, internamente se lo denominaba de otra manera. En el caso de Antonio Expósito, bajo el concepto de «Licenciatura», se le aplicó un suplemento salarial de 192,88 euros mensuales al margen del convenio. Entre los años 2004 y 2009, el investigado «habría percibido, de manera supuestamente indebida, un total de 14.027,90 euros, entre el citado complemento y otra cuantía extra no recogida en el contrato laboral.

El porqué unos trabajadores fueron tocados por la varita mágica de la Faffe para cobrar esta suerte de 'sobresueldo' y otros no es una incógnita que los propios agentes no terminan de descifrar. Todos los beneficiarios del mismo, a excepción de Milagros Navajas —quien también cobró un complemento mensual de 247,98 euros—, con carácter previo a su contratación, «habrían venido desarrollando su trayectoria laboral en empresas con relaciones directas con la Junta de Andalucía, en organizaciones sindicales, en ayuntamientos con acta de concejal por el PSOE o en otras fundaciones de carácter privado que prestaban servicios» para la Administración autonómica.

Éste no fue el único «trato de favor» —así lo llama la UCO— que recibieron de la entidad financiada con subvenciones para cursos de formación y dirigida por Fernando Villén, secretario de Empleo del PSOE andaluz entre 2008 y 2010, que fue condenado a seis años de prisión por pagar sus fiestas en prostíbulos con dinero público.

Aparte de conseguir un empleo público sin superar un proceso selectivo y, por ende, «sin tener en cuenta los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades», con la salvedad de la primera contratación de Manuel Aguilar Germán, la mayoría obtuvo ascensos dentro de la Faffe. De este modo, consiguieron un aumento salarial «sin haber concurrido a un proceso de promoción interna». Con una mejora en el sueldo y un ascenso exprés fue beneficiada también Carmen Ibanco, la mujer del actual portavoz del PSOE en el Senado y exlíder de la federación socialista regional, Juan Espadas, cuando era consejero andaluz de Vivienda.