El SAS reunió a los médicos de Cabra que recetan ortopedia para revisar los protocolos de prescripción

El dato puede rastrearse en el sumario y aparece en la propia declaración del doctor durante el proceso judicial. El facultativo, que sigue siendo personal del SAS a expensas de un expediente disciplinario , explica que una vez que sucedieron los hechos la dirección del centro reunió a los médicos prescriptores con el objetivo de garantizar que se cumple el protocolo oficial en esta materia. Los artículos de ortopedia se dividen en distintos grupos que exigen de una tramitación distinta. En cualquier caso, la elección del negocio siempre es, como en el caso de las farmacias, una responsabilidad del paciente.

En la causa también declaró el responsable de atención al ciudadano del hospital, que fue quien atendió tanto a la esposa del paciente como al responsable de la ortopedia de Baena. En ambos casos, afirmó que siempre pidió que se presentase una reclamación por escrito con el objetivo de que se iniciase una investigación interna , de acuerdo con las órdenes transmitidas por la dirección del Infanta Margarita. La mujer del paciente, una señora de avanzada edad, nunca quiso dar el paso de denunciar alegando que su marido, que padece una lesión que lo incapacita, sigue siendo paciente del mismo centro hospitalario.

Ese mismo responsable del Infanta Margarita confirmó a las autoridades judiciales que el doctor condenado por dos delitos de coacciones en primera instancia tuvo una reacción negativa a las indicaciones de que se retirase la receta de la silla de ruedas eléctrica, valorada en unos 3.000 euros. Explicó al juez que instruyó el caso que para que el SAS prescriba y financie el vehículo son precisas las indicaciones del médico que lleva el caso. Además, aseguró que se trata de herramientas tecnológicas de serie que no justifican la elección de un negocio privado u otro.

Este responsable del hospital, por mandato de la gerencia del centro sanitario , se hizo cargo de contrastar las versiones de la empresa «perjudicada» —según las palabras del acta judicial del testimonio— y de la familia que fue coaccionada. «Coincidían al cien por cien», explicó. En su declaración, aseguró que el médico alegó que la ortopedia de Baena tenía «chanchullos» con una farmacia de Lucena . Le instó a denunciarlo por escrito pero antes le pidió al facultativo que dejase de darle vueltas porque «no era nadie para obligar a un paciente a ir a una ortopedia distinta de la de su libre elección».

Los servicios de gestión del SAS tienen conocimiento del caso desde el año 2016 cuando una de las organizaciones patronales del sector de la ortopedia, Asoan , puso una queja por escrito sobre la situación generada «por medico o médicos» en el hospital Infanta Margarita. El SAS optó por incoar un expediente sancionador y por insistir en el cumplimiento de los protocolos internos sobre la materia.

Una de las curiosidades del sumario consiste en un documento con tres firmas ilegibles , sin nombres al pie y sin número de colegiado o cargo sanitario. Se dirigen a las entonces responsables de la Gerencia del SAS y de la dirección del hospital, Marina Álvarez y Silvia Calzón . No puede ser confirmado pero de su redacción se deduce que está escrito por personal sanitario directamente relacionado con la prescripción de elementos ortopédicos. Acusa a la ortopedia de Baena de vender material que « no está bien adaptado , no realiza la función adecuada o tiene un uso contraproducente para el paciente». Por ello, pide que se le revoque el concierto. El SAS no hizo nada de eso. El documento tiene fecha de junio de 2017 y los hechos datan de principios de 2016. Las autoridades sanitarias nunca revocaron el concierto , según confirmó el responsable de la empresa, y el escrito ni siquiera se utilizó en la vista oral del procedimiento.