La Junta de Andalucía venderá Somontes, la finca símbolo de la reforma agraria en Córdoba

El actual Gobierno andaluz prepara ya el decreto por el que se generará el procedimiento para la venta de terrenos entre los que se encuentra una propiedad simbólica para la izquierda agraria andaluza. La finca Somontes ha sido incluida en el inventario de terrenos a enajenar del patrimonio del antiguo IARA, el instituto de reforma agraria creado en 1984. Somontes tiene cerca de cuatrocientas hectáreas, se encuentra en el término municipal de Palma y se ha valorado en 4,5 millones de euros.

La finca ha sido ocupada una y otra vez por jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SAT, en su actual denominación). Una y otra vez, el procedimiento fue el mismo. El SAT entraba en las instalaciones, las declaraba tierras del pueblo, procedía a la explotación de la finca para vender cosechas en mercadillos y cooperativas locales y llegaba la Guardia Civil con una orden judicial de desalojo. Y siempre vuelta a empezar. Bajo los mandatos del PSOE, la Consejería de Agricultura batalló una y otra vez en los tribunales de justicia para que Somontes no fuese ocupada.

Con todo ello, Somontes no es ni de lejos la finca más importante que va a salir a proceso de enajenación. La más cara, ocho millones de euros, es Guzmán I y II , quince parcelas de terreno en el término municipal de Palma que se encuentran en la zona donde los huertos son solares. La zona de Guzmán se ha convertido en el polo de de desarrollo de la industria energética en la provincia de Córdoba gracias al aprovechamiento de los rayos del sol, una realidad que pocos sospechaban cuando la reforma agraria tuvo lugar. También en Palma aparece sin valorar las 111 hectáreas de La Palmosa, una zona para el que Ayuntamiento tuvo planes en el passado. En el resto de la provincia apenas hay una parcela de pequeñas dimensiones en la zona de San Antonio, en el término municipal de El Carpio.

La Junta ha calculado que, en toda Andalucía, puede conseguir unos cincuenta millones de euros en ingresos por las tierras ociosas del IARA . El decreto proyectado establece que, primero, se ofrecerá las fincas a los ayuntamientos que, acreditando el interés social, pueden quedarse con las propiedades al treinta por ciento de su valor. Si no hay un proyecto público, saldrían a pública subasta.