La jueza procesa a la ex alcaldesa de Peñarroya con el PSOE, Luisa Ruiz, por 12 delitos y a tres empresarios

Luisa Ruiz está procesada por la comisión de doce delitos . Uno de fraude y exacciones ilegales, cuatro de prevaricación; un delito de tráfico de influencias; tres de falsedad documental, uno de usurpación de funciones públicas, otro de falsedad ideológica por funcionario público y un delito continuado de fraude de subvenciones.

A los tres empresarios encausados junto a la exregidora se les imputan un total de quince delitos. Ocho a C. G., cabecilla de la trama y con antecedentes penales por militar en los 80 en una banda terrorista de ultraderecha. Tres delitos de tráfico de influencias, tres de falsedad documental, un delito de intrusismo y otro de fraudes y exacciones ilegales.

Al empresario R. O. V., otros tres delitos: uno de tráfico de influencias, uno de falsedad documental y otro de fraudes y exacciones ilegales. Finalmente a L. V. G., la magistrada le imputa dos delitos de tráfico dei nfluencias, uno de falsedad documental y otro de fraudes y exacciones ilegales.

La magistrada de Instrucción 2 firmante del auto provisional -recurrido por varias defensas-, al que ha tenido acceso ABC, describe cómo la alcaldesa adjudicaba proyectos a dedo o buscaba junto a estos empresarios fórmulas para justificar facturas a precios dispares o de trabajos que nunca se llegaron a realizar usando documentos falsos o memorias que engordaban el coste real (hasta diez veces más suculento).

La jueza considera que hay «indicios racionales de criminalidad para continuar la cuasa por los trámites del procedimiento abreviado», dice, en base a datos objetivos, diligencias practicadas, «contradicciones evidenciadas de las distintas declaraciones» así como los testigos que han pasado por la instrucción.

En la estructura detectada surgen hasta empresas interpuestas que abonaban parte de lo que facturaban al Ayuntamiento peñarriblense como «comisión» a otra empresa (siempre del mismo) por el «favor» de haberles «facilitado» la adjudicación bajo la apariencia de «labores de asesoramiento» que no existieron sino para dar apariencia de legalidad.

El montante económico sobre el que se cometieron irregularidades se estimó en un principio tras saltar el escándalo en octubre de 2013 en unos 12 millones de euros procedents de los Fondos Miner para la reconversión de comarcas mineras del carbón como el Guadiato -hoy sin grandes avacnes socioeconómicos-. Sin embargo, tras siete años de instruccción, ocho jueces en un juzgado con escasos medios, la causa parece desinflarse y sólo está en tela de juicio el uso real de unos 4,2 millones destinados a varios proyectos como el tren turístico del Guadiato, un vagón-restaurante, asistencias técnicas para polígonos industriales o rehabilitaciones en el famosos Cerco Industrial de la localidad. Estos son los proyectos señalados en este auto.

Luisa Ruiz decidió en 2009 adjudicar a dedo a la empresa Centros de Estudios de Ferrocarriles Turísticos S.A (CGTF) . (tras la que estaban los empresarios encausados C.G. y R.O) un tren turístico para la zona.

La subvención concedida en este proyecto fue una de las de mayor importe: 1.485.000 euros , existiendo sólo un procedimiento negociado sin publicidad por 224.000 euros. La jueza califica de «irregular» el procedimiento llevado a cabo, ya que con anterioridad al trámite legal ya se había decidido que Talleres Mecánicos Celada fuera la contratada, creando C.G. y la alcaldesa un «procedimiento ficticio de concurso». C.G. estaba detrás de la segunda de las adjudicaciones directas para el arreglo de dos locomotras («Marta» y «Santa Bárbara») a cargo de otra empresa: Asociación Per la Reconstrució I Posta en Servei de Material Ferroviario Historic (ARMF), contando también con el beneplácito de la alcaldesa.

Talleres Mecánicos Celada pertenece a L.V. quien abonó a las firmas CGTF y CEHFE , entre agosto de 2009 y octubre de 2010, y propiedad de C. G. y R. O., de forma ilícita hasta 149.949 euros . Era la retribución obligada por las supuestas gestiones de C. G. para «facilitarle» la adjudicacion del trabajo, un favor que se disfrazaba, según el auto, « bajo la apariencia de facturas ficticias» .

Todo se instrumentalizaba, además, a través de una empresa municipal de Peñarroya: Promociones Indsustriales del Valle del Guadiato (Pivag) , que carecía de autorización para hacer esas gestiones. Aún así, Pivag abonó a ARMF un total de 321.868,70 euros. Pero la magistrada contempla que tan pronto el Ayuntamiento pagaba a ARMF, ésta a su vez hacía una transferencia a CEHFE (de C.G. y R.O.), por 80.791,60 euros de «asesoramiento».

A las «comisiones» que recibían estas empresas se sumaron otras facturas cobradas al Ayuntamiento de Peñarroya por una valor de hasta 401.075,30 euros, desconociéndose a qué trabajos «reales y concretos correspondían», según el relato judicial. Para darle un barniz de legalidad, la alcaldesa y C.G. elaboraban documentos falsos para justificar los proyectos utilizando la firma de un ingeniero de Caminos sin su autorización.

En sentido, y entre otras actuaciones, la alcaldesa «personalmente o a través de un tecero modificó los libros de registro en digital, no siendo ya alcaldesa en junio de 2011, para revestir de legalidad el uso de dos locomotoras y el vagón restaurante solicitado por C.G .». Para seguir conformando el supuesto tren turístico, la exregidora socialista -que luego concurriría a las municipales por una formación independiente- endosó 18.000 euros a C. G. a dedo por unas máquinas que nunca llegaron a Peñarroya, pese a que se había pasado la factura del transporte, y por el que el Ayuntamiento de Martorell exigió el pago del estacionamiento de la máquina.

Otra trama focalizada en el auto es el uso de fondos para los polígonos del Antolín III y uno nuevo en la Vega Currillo . Ambas asistencias se adjudicaron a dos estudios contraviniendo la ley. Y de nuevo, las diferencias de costes.

El trabajo para el polígono del Antolín pivotaba en una memoria municipal que lo cifraba en 175.354, sin embargo, el gabinete contratado cobró 22.119. En el caso de la otra zona industrial, la asistencia era urbanística para cambios necesarios en las normas de planeamiento: se facturó 159.476 euros pero se había estipulado por el Consistorio un coste de 355.700 euros. Es decir, por trabajos presupuestos en unos 550.000 euros, se abonaron 182.000, y lo mejor es que la subvención percibida de los fondos Miner para ellos ascendía a 765.583 .

La empresa Olont vende en mayo de 2010 a CEHEF un vagón-restaurante por 150.800 euros , en base a un documento falseado por C.G., sin conocimientos técnicos al respecto y usando una firma de un ingenierosin autorización. El Consistorio abona dicha cantidad, pero, en base a los contratos de compra y venta, el auto señala aquí otra operación de cobro de comisiones y falsedad en los contratos con objeto de simular un precio ante el Ayuntamiento y ocultar la comisión que obtendría CEHFE., de unos 35.400 euros.

El precio de compra del vagón era de 150.800 euros, pero en realidad la empresa vendedora (Olont) sólo cobró 115.400 euros . La diferencia se abonó como comisión . La jueza apostilla que Ruiz era conocedora de este proceder. Además, nunca se llegó a usar dicho vagón, pese a que la regidora cedió el mismo a C. G. para ponerlo en funcionamiento.

El trato de favor de la entonces primera edil hacia C.G. continúa con el encargo a dedo de un proyecto para un Museo del Ferrocaril en Peñarroya . El empresario repite modus operandi: presenta unas memorias al Consistorio falsedas (usando firma de otro) para justificar la compra de máquinas de tren. Aquí entra en liza de nuevo L. V., otro de los empresarios encausados. Luisa Ruiz tiene además que justificarse ante el Grupo de Desarrollo Rural de la zona en una operación donde no media trámite legal alguno. Ella, según el auto, llega a argumentar con seis escritos que tanto las máquinas adquiridas como las empresas encargadas de su búsqueda, compra y traslado son exclusivas . Nadie más puede hacer esas labores.

La jueza precisa que tanto C.G. como L.V. cobran 65.679 euros por unos servicios realmente no prestados . Nunca se hizo el proyecto del museo, pero sí se pagaron 5.500 euros. Se abonó la reparación de unas máquinas que ya estaban reparadas (35.547 euros) y la supuesta localización de las mismas no fue más que un intercambio de correos electrónicos por los que se pagaron 24.632 euros. Todo ello «favorecido» por las irregularidades que la magistrada otroga a Ruiz.

Las obras de servicios al polígono Vega del Currillo fueron adjudicadas a la empresa Urpaca por 1.835.583,24 euros, sin embargo, la subvención de los Miner para ese proyecto era 1.899.500 euros. La empresa pública Pivag confecciona una factura por el importe de la diferencia (63.848,73 euros) entre factura y ayuda bajo el falso concepto a juicio de la instructora de «estudios topográficos, geotécnicos y de gestión » sobre los que nunca se hizo subcontrata alguna. El informe «esencial» para justificar el importe de la subvención fue confeccionado, según el auto, por la exregidora «a sabiendas de que su contenido era falso», concluye.