La Guardia Civil constata que Luisa Ruiz favoreció a empresas con Fondos Miner

El caso se destapó a finales del pasado mes de octubre. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a la exalcaldesa de Peñarroya Luisa Ruiz y a dos empresarios, e imputaron a otras once personas. El togado que se encarga de la causa -Instrucción 2 de Peñarroya- dejó a todos los arrestados en libertad con cargos -delitos contra la Administración, fraude y falsedad-. El extenso documento, de más de cien páginas, constata el interés por parte de la exregidora peñarriblense en beneficiar a los industriales encausados, y suma la malversación y prevaricación, entre otras infracciones, a las acusaciones que ya pesan sobre la exregidora y los empresarios.   

La investigación, que ha resultado con múltiples ramales, se centró en un principio en la obra del Tren Turístico del Guadiato. Su coste era de 14 millones aunque, en realidad, sólo se llegaron a gastar 1,4 millones. Según la Guardia Civil, su adjudicación, por parte de Ruiz y en base a un convenio, a la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos (CGFT) y el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe) «contraviene la Ley de Contratos del Sector Público». Para los agentes, se observa un «trato de favor» por parte de la anterior alcaldesa hacia Carlos Guasch, consejero delegado de la CGFT, y el presidente del Cehfe, Ricardo Oliver.

Además, continúa el informe del Instituto Armado, para la puesta en marcha del Tren Turístico, se planteó aprovechar las dos locomotoras propiedad del Consistorio, y  adquirir una tercera, la «Mazda 1701», que pertenecía a Renfe y que, curiosamente, se encontraba cedida a la CGFT.

Para poner a punto las tres locomotoras, una de las empresas seleccionadas fue Talleres Celada, si bien, según los investigadores, fue el acusado Carlos Guasch quien «recomendó» esta sociedad a la exalcaldesa, parece ser, «en beneficio económico, pues se aprecia que esa firma ha realizado transferencias al Cehfe y/o al CGFT» tras recibir cada pago de trabajos realizados al Consistorio. Así, tal y como creen los agentes, «se generó una concurrencia ficticia de empresas sabiendo de antemano cuál sería la adjudicataria».

El acta de finalización de los trabajos se hizo entre finales de 2010 y principios de 2011, a pesar de que ninguna de las máquinas está restaurada, y que existen facturas, firmadas por Ruiz, relativas a actuaciones de reforma posteriores a esa certificación.

Para justificar el gasto de la totalidad de la subvención, la exalcaldesa, responsable de la adopción de decisiones en la sociedad municipal Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag), creó facturas falsas, supuestamente, con la connivencia de un cargo de la firma local, M.J.H.G.

Además, presuntamente, Ruiz y Guasch falsearon los libros de registro del Consistorio relativos a la cesión de la locomotora «Mazda 1701», entre otros elementos para el Tren Turístico, puesto que «la redacción de estos documentos es posterior al 11 de junio de 2011, fecha en la que Ruiz abandonó la Alcaldía». Es decir, que, supuestamente, los rubricó sin ser ya regidora. A ello se suma que el empresario «redactó numerosos informes relativos al proyecto sin tener titulación, y utilizando la firma de un ingeniero».

Al rimero de presuntas irregularidades se suma la compra de elementos ferroviarios por parte del Consistorio valorados en 18.720 euros, con la  intermediación de la exalcaldesa, para hacerle un favor a Guasch. Pero esos elementos jamás han llegado a Peñarroya. Además, la Cehfe y el CGFT cobraron del Ayuntamiento más de 400.000 euros en concepto de asesoramiento técnico y cultural, además de comisiones que elevaron la cuantía hasta los 631.816 euros, «sin que se pueda afirmar en qué consisten los trabajos, que parecen ficticios».

El Consistorio obtuvo, por su parte, un beneficio de 166.714 euros del total de la subvención del Miner otorgada, «sin que haya constancia de para qué se ha usado ese dinero».

En base a todo ello, los investigadores consideran que los implicados en esos hechos son responsables de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación o fraude, prevaricación, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, intrusismo, exacciones ilegales y tráfico de influencias.

El 16 de febrero de 2011, Luisa Ruiz solicitó una subvención al Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de 156.860 euros para la financiación del proyecto denominado «Creación del Museo del Ferrocarril de Peñarroya-Pueblonuevo», presupuestado en 177.714 euros. Dicho montante se apoyaba en seis conjuntos de trabajos, como la restauración y traslado de una locomotora, o la adquisición de una grúa móvil ferrocarril, sobre los que se hicieron constar varias ofertas para su ejecución, si bien, finalmente, todas se adjudicaron al Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe) y a una empresa vinculada a éste órgano.

Fue la propia Ruiz la que se encargó de solicitar la ayuda y, además, también se ocupó de justificar el 19 de mayo de 2011 al GDR por qué tan sólo existía una factura por los seis proyectos reseñados. Los agentes mantienen que dos de ellos eran «ficticios».

«Cehfe y CGFT han adquirido ilegalmente, como mínimo, 65.679,98 euros en este proyecto. Este cobro fue favorecido por la anterior alcaldesa», recoge el texto policial.

Para los investigadores, estos hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, intrusismo, malversación y fraude, reza el informe de la Benemérita.

La causa indaga también la adquisición por parte del Consistorio al Cehfe de un vagón restaurante sin pasar antes por Pleno municipal. Según los agentes, el documento para la compra del citado elemento no fue realizado por la persona que lo firma, sino por Guasch. Además, los guardias destacan su convencimiento en que el empresario falseó los contratos de compra-venta del vagón a la firma que lo poseía, Olot, «con el objeto de simular un precio ante el Consistorio distinto al real y ocultar la comisión de Cehfe iba a obtener», que ascendió, presuntamente, a 35.400 euros.

En abril de 2010, la exalcaldesa suscribió un convenio para la cesión de dicho coche a Cehfe, contraviniendo lo expuesto en la solicitud de subvención, puesto que aquí se afirma que el vagón-restaurante se cede para ser utilizado en el Tren Turístico del Guadiato, mientras que en la petición se dice que es adquirido para su exposición en el Museo del Ferrocarril.

Por esas operaciones orquestadas y desarrolladas al margen de la legalidad, los miembros el Instituto Armado consideran que los actuantes han podido cometer delitos de falsedad documental y fraude, prevaricación y malversación, e intrusismo.

Los investigadores recogen en su documento otros proyectos municipales pagados con fondos Miner. En concreto, se destinaron un total de 765.583 euros de la subvención a la redacción de varias iniciativas de ingeniería, como la Urbanización del Polígono de Vega Currillo, o actuaciones en el Polígono Antolín III, en Peñarroya. La investigación dice haber hallado «facturas incongruentes» con las condiciones de la subvención. Alerta sobre la ausencia de procedimientos de contratación y justificación de entregas con objetos ajenos al contenido de la ayuda. En la picota, de nuevo, la exalcaldesa, cargos del Pivag, además de otros empresarios vinculados a los citados proyectos. En este caso, los agentes consideran que se han cometido delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental y malversación.

Es otro de los grandes proyectos subvencionados para conectar la A-449 al polígono industrial Los Pinos. Tal y como recoge el informe, supuestamente hubo irregularidades en la contratación de la empresa de ingeniería que llevó el proyecto. En segunda instancia, los agentes de la Guardia Civil creen que se facturaron dos veces las mismas obras para hacer creer al Ministerio de Industria que, en realidad, el coste había sido mayor que el real. En este caso, los agentes involucran a varios técnicos del Ayuntamiento de Córdoba, junto a la exalcaldesa. Los delitos que, en este caso, ven los agentes son infracciones contra la Hacienda y Seguridad Social, prevaricación, tráfico de influencias e intrusismo.

El gobierno municipal del PSOE recibió 3 millones de euros para pagar los terrenos del Cerco Industrial, antiguo enclave minerometalúrgico. El informe de valoración, relatan los agentes, lo firmó una persona, por encargo de Ruiz, que no estaba capacitada para ello y es «falso en su contenido», ya que su objetivo era ratificar el precio pactado entre el Ayuntamiento y los antiguos propietarios del suelo. Los agentes apuntan a delitos de falsedad y contra la Hacienda.

Al parecer, sucedió algo similar con los terrenos de  Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), con fondos Miner. Pivag los pagó sin una tasación previa, ni de los servicios oficiales ni de técnicos independientes.

Por otro lado, el Ayuntamiento compró suelos rústicos con 1,8 millones del Gobierno para futuros polígonos industriales. El sumario dice que ni siquiera coincide lo que se compró con lo que aparece en escrituras.

El Gobierno abonó 1,9 millones para llevar los servicios al polígono Vega de Currillo. La investigación defiende que se contrató a la empresa de ingeniería para realizar el proyecto prescindiendo de un procedimiento reglado. De nuevo, Ruiz y varios técnicos del Ayuntamiento de Córdoba aparecen como los actuantes. Según los agentes, Pivag falseó un recibo para cobrar lo facturado por la firma encargada del proyecto y el máximo importe de la subvención. Los investigadores ven calor indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad.