«Operación Rocket», el mayor sumario de corrupción de Córdoba

En concreto, dos de ellos son de la localidad, mientras que los cuatro restantes residen en diferentes provincias. Así, el titular del órgano ha remitido los preceptivos exhortos a los juzgados correspondientes para la toma de declaraciones. En cuanto a los imputados de Peñarroya, se sentarán ante el juez después del puente del Pilar. Es decir, que a partir del próximo día 13 podría comenzar a citarlos.

El sumario se abrió hace justo un año, en octubre de 2013, fecha en la que la Guardia Civil detuvo a la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), a dos empresarios, e imputó a otras once personas. Una vez que comparecieron ante la autoridad judicial, quedaron en libertad con cargos. Están inculpados por delitos contra la Administración, fraude y falsedad documental.

Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes del Instituto Armado, y a las que tuvo acceso en su día ABC, ponen de manifiesto la clara intención de la exregidora socialista de beneficiar a los industriales encausados.

La complejísima investigación, que está poniendo a prueba la capacidad del juzgado para afrontar a un caso tan enrevesado. El objetivo, arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros. Están bajo examen judicial casi la mitad de los fondos Miner recibidos por la localidad de Peñarroya desde el año 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento del montante que estaba destinado a reconvertir esta antigua zona minera.

Los ramales de la investigación abarcan desde certificaciones arbitrarias a compras sin tasación alguna, pasando por contrataciones amañadas y sospechas de cobro de comisiones, entre otras presuntas actuaciones ilícitas, en las que la exalcaldesa Ruiz se sitúa en el centro de la trama.

El proyecto del tren del Guadiato es el tema matriz del escándalo. Su coste era de 14 millones aunque, en realidad, sólo se llegaron a gastar 1,4 millones de euros. La Guardia Civil explica en un informe «que un número de empresas estaban supuestamente concertadas con el Ayuntamiento y la sociedad municipal Promociones Industriales Valle Alto Guadiato (Pivag) con la finalidad de beneficiarse económicamente de forma fraudulenta». Los procedimientos de contratación, directamente, se ignoraron «o fueron fraudulentos» para beneficiar a unas empresas. Los dos industriales detenidos el año pasado, Carlos Guasch, consejero delegado de la CGFT, y el presidente del Cehfe, Ricardo Oliver, supuestamente, cobraron comisiones por las gestiones que realizaron.

La causa indaga también la adquisición por parte del Consistorio al Cehfe de un vagón restaurante sin pasar antes por Pleno. Según los agentes, el documento para la compra del citado elemento no fue realizado por la persona que lo firma, sino por Guasch. Además, los guardias destacan su convencimiento de que el empresario falseó los contratos de compra-venta del vagón a la firma que lo poseía, Olot, «con el objeto de simular un precio ante el Consistorio distinto al real y ocultar la comisión que Cehfe iba a obtener [35.400 euros]».

En abril de 2010, la exalcaldesa suscribió un convenio para la cesión de dicho coche a Cehfe, contraviniendo lo expuesto en la solicitud de subvención, puesto que aquí se afirma que el vagón-restaurante se obtiene para ser utilizado en el Tren Turístico del Guadiato, mientras que en la petición se dice que es adquirido para su exposición en el Museo del Ferrocarril.

Los investigadores han analizado otros proyectos municipales pagados con fondos Miner. En concreto, se destinaron 765.583 euros de la subvención a la redacción de varias iniciativas de ingeniería, como la Urbanización del Polígono de Vega Currillo, o actuaciones en el Polígono Antolín III, en Peñarroya. Los agentes dicen haber hallado «facturas incongruentes» con las condiciones de la subvención.

Igualmente, también parece haberse detectados irregularidades en los proyectos subvencionados para conectar la A-449 al polígono Los Pinos; para los terrenos del cerco industrial, suelos rústicos y de FEVE, así como para la dotación de servicios del polígono Vega de Currillo.