La Asesoría Jurídica desmantela el plan de IU en Córdoba de remunicipalizar Infraestructuras

El golpe para IU es doble . Prometió mucho a los trabajadores de Infraestructuras y de Ayuda a Domicilio pero no ha conseguido nada. Ambas comisiones se han quedado en vía muerta tras haberse dado de cabezazos contra la realidad . El informe jurídico de los abogados municipales, cuya opinión es muy relevante en estas materias, afirma que lo que se propone no es posible.

Asesoría Jurídica asegura que no se creó una comisión de estudio para ver qué tipo de gestión era la mejor sino una para justificar una decisión tomada con anterioridad y es que los trabajadores de empresas que trabajan para el Ayuntamiento pero cobran de empresas privadas formasen parte, de alguna manera, de una nómina municipal. IU entendía que era más barato al ahorrarse el beneficio industrial y el IVA. A largo plazo, existen informes que aseguran que sería sumamente gravoso para el Ayuntamiento al producirse una equiparación de condiciones salariales.

El informe de la abogada jefe del Ayuntamiento, Mercedes Mayo , se fundamenta en cuestiones técnicas pero tiene aseveraciones de fuerte calado. Afirma, en primera instancia, que no es posible una remunicipalización de lo que siempre fue municipal. Es verdad que el Área de Infraestructuras acude a empresas privadas para servicios que no puede hacer con su propio personal. La cuestión, dice, es que eso es una forma de gestión directa donde la institución mantiene el control. Entiende que existen otros departamentos con problemas de personal donde no se llevan a cabo este tipo de medidas.

La propuesta de IU era que los trabajadores de empresas privadas que trabajan de jardineros (en Tahler e Integra-Clece ) pasen a la nónima municipal. En concreto, mediante su integración en Sadeco, que es una empresa controlada por IU donde, además, tiene magníficos asideros sindicales por razones históricas. Asesoría Jurídica cree que el argumento no es posible porque no existe una sucesión de empresas. De hecho, las empresas que concurren a estos contratos saben de sobra que el empleo que crean no se puede consolidar y que sus operarios nunca pueden realizar tareas que se confundan con las que son propias de la institución,