La quinta bajada fiscal del Ayuntamiento de Córdoba no tendrá apenas efecto en la recaudación

El Consistorio sostiene en sus documentos que la minoración de ingresos de la bajada fiscal de 2024 superará, por poco, los 800.000 euros. Se trata de un porcentaje muy pequeño del monto total de ingresos si se tiene en cuenta que solamente el Impuesto de Bienes Inmuebles supera los 60 millones de euros.

La oficina de gestión prespuestaria ha previsto que la bajada del 2 por ciento de las licencias urbanísticas suponga una reducción de 73.000 euros, el -5% de licencias de aperturas supondrá 47.000 euros menos y el 2 por ciento en el impuesto de vehículos, se irá a 237.000 euros. El 2 por ciento de bajada en el IAE (que ya solo pagan grandes empresas) costará 228.000 euros, el 2% del ICIO se irá a -164.000 euros y el 20 por ciento de caída de los quioscos de prensa supondrá 5.300 euros menos. El aumento de tramos del cinco por ciento de las familias numerosas restará 48.000 euros en IBI.

El informe interno asegura, sin embargo, que esos 805.646 euros se van a ver compensados por el resto de figuras tributarias más una serie de mejoras generales. Los documentos prevén que la propia dinámica económica contribuya a ingresar más, que el nuevo sistema de información tributaria haga que no se escapen ingresos. El Ayuntamiento adquirió recientemente un nuevo software para la gestión de Hacienda que acaba con una carencia básica de la institución.

El informe de Intervención es, básicamente, muy crítico con este tipo de previsiones porque considera que no están justificadas en ninguna parte. Los servicios de Hacienda lanzan previsiones sin que se sepa exactamente cómo se sostienen incluso con contradicciones graves entre sus propios números que se usan como base para las previsiones del presupuesto municipal.

Cada año, los ayuntamientos tienen que mandarle al Ministerio de Hacienda un informe con sus previsiones económicas para el ejercicio siguiente. Eso se realiza por medio de una plataforma telemática. El Ayuntamiento comunicó al Gobierno que esperaba, solamente en el capítulo dos de ingresos (tasas, precios públicos, multas) un crecimiento anual del 8,22%. Eso significa pasar de 47,5 millones a 51,4 millones.

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Un informe posterior elaborado por el mismo departamento de Hacienda rehace significativamente esas cifras. Cree que el crecimiento será del 4,3 por ciento pasando de 43,5 millones a 45,3 millones. Estas últimas serán las cifras que aparecerán en el presupuesto. Intervención las considera «congruentes aunque no se den por válidas».

En realidad, es una pelea de fondo entre los departamentos económicos municipales y quienes los controlan. Intervención echa de menos que se justifiquen las previsiones de ingresos de una manera mucho más atenta teniendo en cuenta que, en algunos casos, las casillas de comunicación al Gobierno se dejan en blanco.

Y un segundo efecto tiene que ver con la situación de las tasas y precios públicos que son las exacciones que pagan los contribuyentes que hacen uso de un servicio concreto de la Administración. Es lo que se abona cuando se pide una licencia, cuando se reserva una fecha de boda civil o cuando la grúa se lleva el coche por estar mal aparcado.

La norma obliga a realizar un estudio de costes y que el ciudadano pague una parte significativa del servicio. Es decir, si gestionar una licencia cuesta cien euros, la norma quiere que la cantidad que se pague sea lo más cercana a cien porque se entiende que es una cuestión que afecta a un administrado particular que el resto no tiene por qué financiar vía presupuestos. De las decenas de tasas y precios públicos, apenas un puñado se acercan a una cobertura razonable. Se dan casos en que, en unos años, se ha pasado de cubrir el 90 por ciento del coste del servicio a rondar el 20.

Intervención avisa que tampoco está de acuerdo con una serie de reformas técnicas de las ordenanzas fiscales que aparecen en el articulado. Asegura que, en algunos casos, son cuestiones que exceden ese argumento técnico para convertirse en formas de dar normalidad a criterios que ya estaban utilizando de forma interna. Sobre el IBI de las casas protegidas del Casco, pide que se acabe con esa bonificación que Hacienda asegura que seguirá aplicando.