El Ayuntamiento de Córdoba elimina el IBI reducido a las casas protegidas

El Ayuntamiento de Córdoba había optado por un modelo bastante complejo en el que cada propietario tenía que medir la superficie protegida de su casa y aplicarle un coeficiente en función del grado de conservación requerido.

Noticia Relacionada

Las casas protegidas del Casco Histórico de Córdoba pagarán menos IBI según la superficie a conservar

Rafael Ruiz

La bonificación afectará a cuatro de los ocho tipos de protección

El gobierno municipal no ha retirado por gusto el cambio más relevante que llevaba en las ordenanzas fiscales de 2024. Ha sido el Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA), una entidad interna de la casa que asesora a la institución cuando toma decisiones tributarias y económicas, el que ha dicho, básicamente, que todo estaba mal.

En primer lugar, el artículo de la Ley de Haciendas Locales que se había citado como base de la medida estaba equivocado, según el CREA, ya que solamente se puede aplicar a edificios en conjuntos históricos que estén dedicados a actividades económicas. La norma sí permite, en otro de sus artículos, incluir los edificios de más de cincuenta años, que forman parte del catálogo diseñado por la legislación sobre suelo y vivienda.

El problema estriba, afirma el CREA, en que solamente estarían contemplados los edificios con protección integral. El Ayuntamiento, que tiene un Plan del Casco propio, pretendía realizar una bonificación decreciente a cuatro de los ocho tipos de protección en el que se dividió esta política municipal.

El CREA entiende que la exención recogida de la ley solo es posible en la protección integral o en los supuestos asimilables. Sin embargo, asegura también que no sería imposible diseñar una regulación que module las cantidades a eximir del impuesto teniendo en cuenta que los niveles de protección con menos exigencias también establecen obligaciones para los propietarios de las viviendas. En ningún caso, dice el dictamen, serían bonificaciones potestativas sino las exenciones previstas en la ley reguladas en una adaptación de la misma.

Lo habitual es que el gobierno municipal reformule sobre la marcha aquellos elementos de las ordenanzas fiscales que presentan problemas. Solamente se quitan del todo para futuros expedientes aquellos en donde se exige de un trabajo técnico complejo para completarlo.