Parte de la plantilla de Urbanismo de Córdoba, de juzgado en juzgado para ser funcionarios

El Ayuntamiento de Córdoba ha empezado a recibir las primeras sentencias sobre la materia de los trabajadores descontentos con la decisión. Los fallos no dicen ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Afirman que los juzgados de lo contencioso administrativo no son competentes para este tipo de reclamaciones y los deriva a los juzgados de lo social, las antiguas Magistraturas de Trabajo.

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Los fundamentos afirman que el procedimiento judicial correcto es tratar el asunto como un problema entre empresa y trabajadores aunque la empresa sea una administración pública. Se presentaron ante los tribunales de lo contencioso administrativo porque ese fue el camino indicado por la Gerencia de Urbanismo al contestar los recursos administrativos iniciales.

El criterio judicial adoptado va a tener una consecuencia lógica. Y es que los trabajadores afectados van a tardar mucho más en tener una respuesta a sus pretensiones teniendo en cuenta que ya se ha agotado la vía contenciosa y que tienen que ir, individualmente, a los juzgados de lo social a buscar una satisfacción. La diferencia entre acabar siendo funcionario y laboral no es solamente de léxico. El funcionario puede desarrollar, por ejemplo, labores de autoridad pública. Puede efectuar inspecciones, trabaja con presunción de veracidad ante los tribunales y puede efectuar todo tipo de expedientes. El empleado público laboral tiene límites. Por eso no los hay en la Policía, los inspectores de Hacienda o Trabajo o en los Bomberos.

La Gerencia de Urbanismo es el único organismo municipal que acabará el plan de estabilización de empleo público manteniendo a la mayor parte de su plantilla con la consideración legal de laborales o contratados. Todos los organismos municipales que han puesto en marcha esta medida harán que sus empleados sin plaza fija sean funcionarios. Y la Gerencia es una rareza por el acuerdo alcanzado en el anterior mandato entre el equipo de Salvador Fuentes y varios sindicatos entre los que no se encuentra el más votado, ASIG-USO.

Nunca se dio una explicación razonable sobre por qué se optaba por esta salida que no gustó entre los abogados de la institución municipal o sus órganos de control. ASIG-USO, por ejemplo, ha tenido acceso a un escrito de la Asesoría Jurídica municipal que asegura que el camino tomado por la Gerencia de Urbanismo «es incongruente y contrario al Derecho». De hecho, el criterio que ha dado el Gobierno central es que las plazas a estabilizar con trabajos de funcionario salgan con la calificación funcionarial y que las que tienen funciones de laborales, se estabilicen con esta consideración legal. En el Instituto de Turismo, por ejemplo, todo el mundo será funcionario público salvo los ordenanzas de la casa, que serán laborales.

ASIG-USO ha pedido oficialmente a la Gerencia de Urbanismo que se paralice el proceso de estabilización exprés que se diseñó desde el anterior Gobierno central para reducir drásticamente el número de empleados públicos sin plaza fija. El sindicato considera que lo que toca hacer es anular el plan de estabilización y echarlo de nuevo a andar como el resto de los organismos municipales y aplicando los criterios establecidos en la ley. Urbanismo ya estuvo a punto de pararlo todo en el anterior mandato pero se encontró con la premura de los plazos. La norma establecía una cadencia de fechas muy concreta que no se podía rebasar.