Manuel Egea, decano del Colegio de Abogados de Lucena: «Trasladar las competencias en violencia de género a la capital es un paso atrás»

-¿Qué balance hace del año judicial que concluye ahora en julio por parte del Colegio de Abogados?

-Ha sido un año bastante intenso, sobre todo a partir de la entrada en vigor, el pasado 2 de enero, de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que ha cambiado todo el sistema de organización judicial. Ahora tenemos, en lugar de tres juzgados, un Tribunal de Instancias con distintas secciones. Los primeros días hubo un gran descontrol: nadie sabía lo que tenía y cómo lo tenía que hacer, además de qué asuntos estaban encomendados a cada sección. Además, se ha publicado ya el Real Decreto que suprime las competencias en materia de violencia de género del Juzgado de Lucena, lo que supondrá que los juzgados de las jurisdicciones de Lucena, Cabra y Pozoblanco dejarán de tener estar competencias para trasladarse a Córdoba.

-Esto afectará a todos los actores implicados en este tipo de denuncias, ¿no?

-Por supuesto, ahora los presuntos autores y víctimas, los testigos, y los efectivos policiales, tendrán que trasladarse hasta la capital para la celebración del juicio. Desde el Colegio de Abogados, ya tenemos confiado a un despacho la correspondiente impugnación tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Consideramos que viola el principio general de atención a las víctimas de violencia de género, que siempre debe ser el juzgado competencial más cercano a su domicilio. Lo que no se puede hacer es trasladar a una mujer que ha sufrido una agresión grave en Iznájar, municipio que pertenece a nuestro partido judicial, hasta Córdoba el día después de la agresión, con sus testigos. Son más de 130 kilómetros. Sin duda, es el problema más grave al que se ha enfrentado el Colegio en las últimas tres décadas. Se habla mucho de que hay que favorecer a las víctimas pero, con esta medida, se ha dado un paso atrás tremendo.

-La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró en vigor a principios de año ha conllevado, entre otras cuestiones, la implementación de la Oficina Judicial Digital o la Generalización de los Medios Adecuados de Solución de Controversias para mecanismos como la mediación, conciliación y negociación antes de acudir a la vía judicial. ¿Cómo les ha afectado?

-Sí, la nueva ley implica que, antes de poner una demanda, se tiene que acreditar que has intentado solucionar la controversia en cuestión. Eso significa tener un procedimiento previo, no judicial, que dilata aún más el proceso.

-Sin embargo, la mediación judicial ya era un proceso contemplado con anterioridad. 

-Por supuesto, nosotros intentamos que el 90% de los asuntos se arreglen con un proceso previo, que puede ser una mediación, una conciliación o el envío de un burofax. Y lo hacemos hablando con los clientes, con los abogados, con ambas partes. Nosotros llevamos haciendo esto toda la vida pero, ahora, no solo es obligatorio sino que hay que justificarlo documentalmente y al final se retrasa algo que se ha hecho toda la vida sin negociaciones documentales. A esto se suma que la implantación de esta ley no ha venido acompañada de una partida económica para poder implantarla. Solo en Andalucía, ronda los 60 millones de euros su implantación, recursos que la Junta ha tenido que buscar de sus propias arcas.

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-¿Cuáles han sido los delitos más comunes en su partido judicial, que además de Lucena abarca también Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Palenciana y Rute?

-Los más comunes, los delitos ordinarios de hurto, las riñas y la violencia de género que ha superado los 200 delitos, mientras que las agresiones sexuales rondan la treintena. En términos generales, los delitos se han visto incrementados en todos los aspectos y necesitamos más funcionarios y jueces para poder agilizar el trabajo.

-¿Qué diagnóstico realiza de la nueva sede judicial que cumplirá un año en septiembre desde su inauguración?

-La nueva sede judicial de Lucena es la mejor de toda la provincia de Córdoba, después de la Ciudad de la Justicia de la capital. Existe espacio para ampliar a un cuarto o un quinto juzgado, las condiciones de los detenidos son mejores, tenemos dos salas de vistas… El problema es lo que refería anteriormente: necesitaríamos más personas para garantizar una justicia ágil y eficaz. Una mejora en los medios materiales debe ir de la mano de una ampliación de los recursos humanos.

-El Colegio de Abogados de Lucena realiza un esfuerzo importante por ofrecer programas de formación a sus colegiados. ¿Qué materias han sido las más destacadas este año?

-Nosotros desarrollamos una jornada de formación al mes y este año ha girado, especialmente, en torno a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la inteligencia artificial. Una herramienta que puede facilitar el trabajo, pero es necesario saber manejar.

-Cabe destacar la labor que realiza la Asociación de Jóvenes Abogados, importante también para los letrados noveles, ¿no?

-Por supuesto, ellos también tienen su propia formación que organizan de manera autónoma e independiente, además de sus jornadas anuales.

-¿Cuántos letrados componen actualmente el Colegio de Abogados de Lucena?

-Lucena es un colegio muy particular. Los letrados ejercientes residentes son unos 180 y, sumando los ejercientes no residentes, asciende a 220 aproximadamente. A estos hay que sumar otros 8.000 abogados no ejercientes repartidos por todo el territorio nacional, en su mayor parte procuradores. Somos el cuarto más numeroso de España tras Madrid, Barcelona y Valencia.

-Por último, ¿una valoración de estos tres años al frente del Colegio de Abogados de Lucena?

-A grandes rasgos, ha sido un mandato muy tranquilo, pero he de referirme nuevamente al Real Decreto que suprime las competencias en materia de violencia de género del Juzgado de Lucena, cuya entrada en vigor será el próximo 1 de enero y estamos trabajando para que así no suceda. De hecho, la propia sesión plenaria del Ayuntamiento de Lucena aprobó, por unanimidad, una moción impulsada por el Partido Popular solicitando su revocación. Y el propio presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha hecho declaraciones críticas sobre la centralización de estas competencias que, es importante recalcar, solo afecta de toda la provincia a los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco, mientras que otras demarcaciones como Aguilar, Montilla o Montoro, más cercanas a la capital, sí mantienen las competencias.

-Este será el último año de su mandato, ¿se presentará para revalidar su cargo?

-En mayo tendremos elecciones de nuestro Colegio de Abogados y sí, presentaré de nuevo mi candidatura para continuar al frente de esta institución.