Tribunales de Instancia llegan a Córdoba: ¿Qué cambia el 1 de julio?

Una ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin consenso de las Comunidades Autónomas, que ha salido adelante sin dotación presupuestaria por lo que el propio Gobierno andaluz tendrá que afrontar el coste íntegro de su implantación que se basa en el cambio de los órganos unipersonales (cada juzgado con juez, LAJ, funcionarios....) actuales a los denominados Tribunales de Instancia.

Esta implantación comienza este próximo día 1 de julio de forma simultánea en 11 de los 12 partidos judiciales de la provincia y será a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 del mismo mes cuando comience su implantación en la capital cordobesa, en la Ciudad de la Justicia.

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«La provincia de Córdoba es una de las más afectadas por el cambio o trasformación» que arranca con esta Fase I en la Ley de Eficiencia en las Justicia, y de la que de momento, sólo la capital queda al margen. El ecuador de este calendario está en el 31 de julio fecha en la que todos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer, en los juzgados donde no exista otro tipo de juzgados se transformarán respectivamente en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas y secciones de Violencia.

Esta reforma afecta además a los Juzgados de Paz cuando a partir del 1 de julio pasen a denominarse Oficina de Justicia en cada municipio, y en los municipios de más de 11.000 habitantes los funcionarios podrán hacer las mismas funciones prácticamente de un Tribunal de Instancia.

Nieto ha señalado que el trabajo para implantar esta Ley ha sido «para nosotros una motivación; todo el equipo de la Consejería de Justicia no han parado de trabajar en la transformación del @Adriano, en la negociación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) con los sindicatos y demás agentes sociales y que además, va a suponer un incremento de ocho funcionarios en la provincia lo que va a conllevar un impacto económico de 400.000 euros que se tiene que aplicar desde el 1 de julio.

En este sentido, Nieto ha recordado que estos puestos suponen que en la provincia de Córdoba se pasa de los 173 funcionarios de Justicia actuales a los 181 en total. Los incrementos de estas RPT se materializarán en el Tribunal de Instancia de Cabra (2 funcionarios más); Montoro (2 funcionarios más); Montilla (1) y en Posadas (3).

El responsable de Justicia en Andalucía ha puesto como ejemplo el proyecto piloto que se va a implantar en Palma del Río sobre el Juzgado de Paz y que pretende aliviar al Tribunal de Instancia de Posadas y su funcionamiento es parecido al juzgado -el 85 por ciento- con lo que se podrán hacer allí de los tramites que se hacían en el otro juzgado.

En el conjunto de Andalucía el coste de la implantación de esta Ley va a ser de casi 57 millones de euros, ha recordado Nieto, mientras ha señalado que «vamos a tener que sacar de recursos propios de la Junta que queríamos impulsar y desarrollar y que vamos a tener que reprogramar para otros ejercicios».

Entre otras partidas están la mejora y adaptación de sedes judiciales para adaptarse a esta Ley 1/25 la modificación de bases y módulos del turno de oficio. «Y va a requerir un incremento de la plantilla al que no contribuye con ni un solo euro por el ministerio de Justicia. Es una especie de a esto invito yo invito y tu pagas tú, con cero consenso con las comunidades autónomas«, ha añadido.

En este proceso de transformación la Consejería de Justicia ha abierto una hoja de ruta para reunirse en cada provincia con todos los operadores jurídicos -como el realizado este martes en Córdoba- y resolver cuáles son las principales dudas y amenazas, «además de abrir un canal de comunicación para recibir de manera inmediata cualquier tipo de incidencia y que nos permita reaccionar en los primeros momentos», ha señalado Nieto.

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El responsable de Justicia ha señalado que en este contexto además hay un problema añadido que es la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital a donde el Gobierno pretende atraer los casos de Montoro, Posadas y Lucena. «Se trata de una grave anomalía; un error garrafal por desconocimiento...», ha señalado el responsable de Justicia.

«Le hemos pedido al Ministerio de Justicia que nos diga cuál es la mejor forma si que se haga con jueces especializados o no pero un mismo criterio que pueda orientar en la comarcalización de este órgano judicial«, ha explicado el responsable de Justicia andaluz.

Hasta el momento hay nueve jueces especializados en Violencia sobre la Mujer una cifra que, según Nieto, «a todas luces es insuficiente por lo que habría que ampliarlos hasta 21 jueces especializados para atender a los casos de víctimas de violencia de género para el conjunto del territorio».

Nieto también ha afeado al Gobierno de España que «una vez más han creado 60 nuevos jueces para Cataluña y ninguno a la provincia de Córdoba«.

«El plazo de implantación es el 1 de julio, pero coincide con el anuncio de huelga de los jueces... una huelga que apoyamos ya que compartimos el criterio de no es la del Gobierno de España no es la dirección correcta con las nuevas leyes del Ministerio de Justicia y le pedimos que recapacite, y lo único que hacen es generar más dudas y controversia a la Administración de Justicia«, ha explicado Nieto.

El impacto de la huelga en el servicio público de Justicia, de la parte estrecha del embudo, ha denunciado Nieto, «es de miles de juicios y actos judiciales suspendidos; todo lo demás se cierra y estoy convencido de que el impacto va a ser negativo, y me gustaría que hubiera algún debate entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno para evitar llegar a la huelga«.