Caso Infraestructuras | Sólo tres de las empresas de la trama facturaron 2,6 millones de euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional llegó a recomendar al juez instructor en sus conclusiones de la primera fase de la 'operación Caronte' que el Ayuntamiento de Córdoba realizara una auditoría de las facturas emitidas por todas las sociedades encartadas (ya van 15 empresarios detenidos en esta pieza) para poder valorar el alcance real del daño económico.

El alcalde, José María Bellido, aseguró que por el momento no se ha cursado al Ayuntamiento la solicitud de ninguna auditoría, si bien se mostró dispuesto a facilitar toda la información necesaria como ha sucedido hasta el momento, e insistió en su voluntad de cooperación en la investigación de este caso.

De momento, y según las primeras estimaciones sobre las pesquisas llevadas a cabo en un muestreo de las facturas de tres de las sociedades de la supuesta trama, correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022, ese volumen de negocio podrían ascender a 2.631.334 euros. Como publicó ayer ABC, algún ex trabajador de estas firmas admitió a la Policía que el trabajo iba aumentando a marchas forzadas, «cada vez que se reunían» dos de los empresarios y el ex jefe de Mantenimiento de Colegios y Edificios Municipales en una parcela. Los tres investigados.

El paquete de pagos de mayor envergadura está relacionado con la empresa de M.M., de 1.182.324,73 euros, seguido de otros dos imputados que acapararon facturas por 702.027,41 y 746.981,86 euros, respectivamente, en dos años.

A tenor de los datos a los que ha tenido acceso ABC, la UDEF trasladó al juez instructor cómo en la creación de sociedades «se identifica una actividad indiciaria de organización y planificación del entramado, debido a la creación de numerosas sociedades, a nombre de la misma persona o grupo de personas, como en el caso de M.M., que en un período de algo más de dos meses hasta crea siete sociedades; un trabajador de esta empresaria crea dos sociedades más en 2021 con un primo hermano de su esposo y la mujer».

Hay que recordar que en ese momento fallaban los controles internos municipales porque en el Área de Infraestructuras estaba al frente de las contrataciones el funcionario sobre el que recaen las principales imputaciones. Siendo así, «se invitó a sociedades que se repartían entre sí la ejecución de la obra, como [ocurrió] con los expedientes de la avenida de Libia, resultando adjudicataria una sociedad aunque también participaban las otras dos». Copaban el procedimiento.

Muy significativo es, a juicio de los investigadores de la Policía Nacional, «la cortísima diferencia entre los presupuestos presentados para la adjudicación de las obras de apenas unos euros, a pesar de la complejidad de las mismas». También los agentes de la aseguran que «hay que tener en cuenta que esta obra se divide en dos expedientes, para que sea considerada como dos obras menores y no una obra mayor, eludiendo así unos controles administrativos más severos».

Otra manera de sortear los controles puestos para las contrataciones menores, según aprecian los investigadores y han puesto en conocimiento del juez Rodríguez Laínz, «es invitar a diferentes sociedades, pero con propiedad o en participación de los mismos dirigentes o confabulados entre sí».

En este apartado los investigadores han hallado tres contratos en los que se invitan a dos sociedades de los que son administradores únicos unos hermanos, por ejemplo. En otro de los expedientes, de igual modo, «se invita a una sociedad y a la esposa del adjudicatario». Mientras, en otros dos, «de las tres sociedades [es un concurso negociado sin publicidad], en dos el administrador único es el mismo y en la tercera un primo de éste».

La mecánica de actuación contempla un abanico de opciones para eludir la fiscalización. Por ejemplo, según la investigación, se llegan a emitir facturas inferiores a 3.000 euros, «con menos control aún que las obras menores, para cobrar facturas sobre trabajos no realizados; trabajos realizados por personal municipal o trabajos realizados por otras empresas», recoge el informe policial.

En este capítulo de conclusiones, la UDEF se posiciona respecto al papel que el ex edil de Infraestructuras con Ciudadanos, David Dorado, puede desempeñar en este caso -el juez mantiene 'incierta' su condición de investigado-. Desde la Policía, como indicio, apuntan a que «es difícil pensar que toda esta operativa se estaba llevando a cabo sin su conocimiento» ya que fue él quien nombró a la coordinadora del Área -también imputada- y quien asignó las competencias de contratación al funcionario acusado.