Caso Infraestructuras | Dorado sale del auto de imputación en una «situación procesal incierta»

El supuesto más grave, que será investigado como pieza separada, tiene que ver con una agencia de publicidad que es uno de los más antiguos proveedores municipales en esta materia. Su administrador asegura que el edil le propuso repartirse 30.000 euros de fondos europeos Edusi. La técnica: buscar empresas que presentaran ofertas o crear directamente testaferros. Nombres de paja. El empresario dice que se negó y que comunicó el asunto a la oposición.

A partir de ese supuesto cohecho en grado de tentativa (el asunto no llegó a nada), todo a lo que se enfrenta Dorado tiene un punto líquido. No hay, en este momento, indicios de que recibiese regalos de las empresas a las que se le encargaban contratos en Infraestructuras como sí ocurre con el resto de la cúpula del área. La principal acusación que pesa contra el concejal no adscrito es que puso a las personas oportunas para que el sistema funcionase. En concreto, el juez apunta a María Luisa Bueno, excoordinadora general. «Un reforzamiento de las evidencias contra la investigada puede repercutir en la posición procesal» del concejal del Ayuntamiento.

Asegura el juzgado que existen elementos que hacen sospechar que Bueno no estaba capacitada para ocupar el cargo de jefa de obras del Ayuntamiento de Córdoba. Ocurre que la Intervención ya realizó un informe sobre esta materia llegando a esta conclusión. Sucede también que este tipo de informes se han producido en varias ocasiones sin que sean escuchados. Además, en este caso el auto cita el testimonio de un alto cargo municipal, un director general, que asegura que se intentaron desviar fondos para la impermeabilización de un parking privado de la plaza de Cuba de la capital. No está muy claro en el auto pero da la impresión de que alguna de las personas que están siendo investigadas estaba relacionada con esa propiedad. Fuentes municipales explicaron ayer que la obra nunca llegó a realizarse.

La cuestión, explica el juez en la situación de Dorado, tiene que ver con los esfuerzos que realizó no solo para nombrar a María Luisa Bueno sino para que ésta tuviose el control efectivo del área. Que fuese quien controlase la gestión de elementos de gasto como el alumbrado público. Sin embargo, todo ello forma parte en estos momentos de la «fundada sospecha más que a la evidencia». Por ello, explica que es preciso seguir investigando para que se produzcan «nuevas evidencias o pruebas directas» que permitan atribuirle, en condiciones, presuntos delitos. La imputación de Dorado es genérica «sin perjuicio de su ulterior concreción». El futuro está por escribirse.