La Fiscalía apoya que el caso de los militares muertos en Córdoba pase a la jurisdicción castrense

Varios son los argumentos que se utilizan por la fiscal del caso para apoyar a Rodríguez Laínz al señalar que el juez natural y predeterminado, que es quien siempre tiene que llevar un caso, es el togado militar. Y tiene que ver con la inexistencia de dolo (intención de daño) apreciable en el momento en el que se encuentra la investigación, que los hechos entran en un contexto puramente castrense, que no hay lagunas penales y que no hay indicios que señalen al alto mando. En el caso de que hubiese oficiales de alto rango, por encima del capitán que coordinaba las maniobras, el caso podrían haber acabado en el Tribunal Militar Central.

La parte más relevante del escrito del fiscal es que no aprecia intención que nadie acabase muerto. De que se tolerase una acción con tan desprecio de la vida humana que el resultado de los dos fallecimientos fuese el esperado. La fiscal llega a decir que, si eso fuese así, habría que proceder por más de sesenta presunta tentativas de homicidio, una por cada uno de los militares que entraron en el lago artificial. «Esa conclusión es de todo punto inaceptable», explica.

Lo que la fiscal entiende que ha ocurrido es que se produjo una negligencia en el control y la seguridad de la maniobra «en relación a los superiores jerárquicos de todos los solidados que participaron en los ejercicios« pero »en este momento no se aprecian indicios de que ningún responsable pudiera representarse la posibilidad del fallecimiento de algún militar durante los entrenamientos desarrollados«.

La versión de la Fiscalía es que se tomaron medidas «conforme a los cauces habituales y se establecieron unas mínimas medidas preventivas». Lo indica que se colocó una cuerda, precaria, que funcionase como línea de vida y que pretendía garantizar la seguridad de los participantes. «Posiblemente, ese sistema no era el deseado ni fue suficiente» pero ello no supone la existencia de dolo eventual. Para ello, dice la fiscal, habría que haber sido previamente aceptada o tolerada la muerte de alguien.

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La fiscal tampoco entiende justificada, con la información actual, que se haya intentando proceder contra la totalidad de la cadena de mando, que es una de las estrategias de una de las acusaciones. «No es concebible que personas que no tuvieran ninguna intervención en las maniobras ni conocían ni siquiera que iban a ser realizadas en ese día se representasen y aceptasen la muerte de los dos pelotones itervinientes«, explica. Y remata: »Consideramos que en dicha denuncia (del letrado del cabo sevillano muerto) no se describe ni un mínimo indicio de responsabilidad criminal por homicidio por dolo eventual, persiguiéndose indiscriminadamente por el delito más grave«.

El Ministerio Público entiende que las prácticas de adiestramiento (que formaban parte del manual de entrenamiento de la base) que acabaron con dos muertes estaban siendo controladas desde la orilla por un capitán que intentó auxiliar a los militares que se vieron con problemas. Y repite: la línea de vida puede ser una mera cuerda guía y las mochilas pudieron no cumplir el papel de flotador que tenían asignadas. Pero eso corresponde al juzgado castrense que es el responsable constitucional de la investigación. La fiscal asegura estar de acuerdo con la inhibición para que indague una situación incardinada en el Código Penal MIlitar como «maltrato de obra a un subordinado», figura que protener la vida y la integridad física. El Ministerio Pública cita una sentencia de este artículo, con el agravante de alevosía, que concluyó con una pena de veinte años de cárcel.

Sobre la investigación, la fiscal asegura que se han producido 38 testimonios distintos por parte de los agentes de la Guardia Civil que realizaron las primeras indagaciones. La lectura de esa documentación, y la detección, de posibles contradicciones correspondería al juez competente.