Peligros para la Constitución: «Hay riesgo de que los magistrados del Tribunal Constitucional la cambien a su sentir propio»

En la cita han participado Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional y exdecano de la Facultad de Derecho; Miguel Ángel Pareja, magistrado de la Audiencia de Córdoba y hasta hace poco juez decano; José Calvo Poyato, historiador, escritor y exalcalde de Cabra; y Soledad Serrano, CEO de la firma de aceite Finca Duernas.

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En la cita se hablado mucho del consenso, pero también de cómo el Tribunal Constitucional, a través de sus magistrados, pueda acabar interpretando los artículos y las normas de acuerdo con su propio criterio, de forma que sea una modificación encubierta de la Carta Magna.

El director de ABC Córdoba, Francisco J. Poyato, comenzó el debate preguntando por la vigencia de la Carta Magna y Miguel Agudo se retrotrajo a los primeros años de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1787. «Hubo entonces debate sobre si había que cambiar cada 34 años, para que cada generación tuviera una propia. Y ahora se piensa que merece la pena mantenernos y que pese la herencia de los muertos», resaltó.

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En los beneficios de la Constitución Española todos coincidieron, porque trajo «un período de estabilidad política que ha permitido un crecimiento social, económico y cultural como nunca se había dado en la historia de España». Ello se une, aseguró el profesor, a «una estructura de Estado muy eficaz que ha permitido una convivencia pacífica y con amplio consenso que hubo». El amplio consenso, sin embargo, empieza a resquebrajarse, admitió.

José Calvo Poyato miró atrás para recordar cómo las constituciones que hubo en España en el siglo XIX no partían del acuerdo, sino de la voluntad del partido gobernante en cada momento. Por eso duraban tan poco. «La única que tuvo un consenso aceptable es la de 1876, por el acuerdo entre Cánovas y Sagasta», recordó.

Era la de la Restauración y estuvo vigente hasta el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. La actual la superará pronto como la más duradera. «La Restauración tiene dos caras. Una mala era el caciquismo y el falseamiento electoral, pero también estabilidad económica», y esa estabilidad también se ha conseguido ahora.

Como para los demás, la clave está en el acuerdo. Relató cómo había coincidido muchos años antes en una mesa junto al entonces secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, y le preguntó cómo había aceptado una Constitución que establecía la monarquía parlamentaria. Y su respuesta fue «sabía», según dijo: «Joven, por la misma razón que Manuel Fraga también apoyó una Constitución donde no estaba Dios».

Soledad Serrano observó desde el mundo empresarial y aseguró que esa estabilidad se ha traducido en prosperidad, porque «la empresa no se instala en un sitio donde sólo haya recursos fáciles o profesionales». Si no hay estabilidad y seguridad jurídica, el crecimiento empresarial, interno y externo, no llegan.

El magistrado Miguel Ángel Pareja recordó cómo la Constitución, como norma suprema del ordenamiento, «es la base y cimientos del estado social y democrático de derecho, y cualquier partido político puede defender posturas sin miedo». Gracias a la Carta Magna se ha conseguido que la justicia, la igualdad y el pluralismo estén siempre presentes.

«Y esta bendición nació de consenso muy amplio que por desgracia se pierde. Está siendo desplazado por la confrontación, y no es un camino adecuado. El camino debe ser buscar puntos que nos acerquen y no que nos alejen», dijo.

Que la Constitución Española de 1978 sea buena no debe significar que no haya que buscar cambios. El principal, el del artículo 57, que establece la prioridad de los varones en la línea sucesoria de la Corona, y en eso estuvieron todos de acuerdo, pero también sería necesario hablar del modelo territorial.

Según Miguel Agudo, es necesario mejorar el modelo y, entre otras cosas, configurar el Senado «como una cámara de representación territorial», lo previsto en la Carta Magna, pero también habló de un gran consenso para hablar de un modelo más cerrado, que supere los problemas actuales.

Desde el punto de vista de la historia entró en el debate José Calvo Poyato, que recordó que en el título VIII se introduce una palabra forzada: nacionalidades históricas. Eran Cataluña, el País Vasco y Galicia, que tendrían autonomías «de primera», por el artículo 151, y las demás, que lo harían por el 143, con menos competencias y rapidez.

Eso se rompió en Andalucía, con el 'café para todos' de Manuel Clavero, y es algo a lo que hay que volver ahora. En ello entró Soledad Serrano, que dijo que le resulta «incomprensible» el «esperpento de que ciertos territorios definan cómo será la gobernabilidad, y además con prófugos de la Justicia».

Se fue a su terreno y recordó que la Constitución consagra, en el artículo 38, la libertad de empresa en la economía de mercado y que los poderes públicos garanticen y protejan la productividad. «Es magnífico, pero no se cumple, porque la economía de mercado está en peligro con estos gobiernos», alertó.

Sobre los cambios puso el dedo en la llaga Miguel Ángel Pareja, que llamó la atención sobre el hecho de que se piense en la Constitución «como un árbol vivo», en que cada artículo se interprete según la situación actual. «Así sólo sabremos si una ley es constitucional o no de acuerdo con los magistrados del Tribunal Constitucional, y no con la Constitución en sí». No lo mencionó, pero muchos pensaban en su presidente Cándido Conde-Pumpido.

El riesgo, para el magistrado, es evidente, porque se sustrae del debate social, y según lo que digan los miembros del tribunal, «la podrán modificar a su sentir propio», e impondrían «una Constitución a su manera». La conclusión era categórica: «Sería volver a dos siglos atrás, con el todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

A la cita en el hotel Eurostars Córdoba Palace, acudieron el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; los concejales Marián Aguilar, Eva Contador y Daniel García-Ibarrola; el delegado del Gobierno autonómico, Adolfo Molina, además de representantes del mundo político y económico.